La directora general de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, reveló ayer que ley que rige las compras y contrataciones no contempla, de manera precisa, sistemas de consecuencias para las personas que violen sus disposiciones, por lo que presentará un anteproyecto de ley ante el Poder Ejecutivo para que sea sometido al Congreso Nacional el 27 de febrero próximo.

Guzmán consideró que esa falta en la ley es lo que ha permitido a las empresas grandes comprar compañías pequeñas de carpeta para participar en los concursos destinados a las mipyme, aunque luego han sido detectadas e inhabilitadas.

Dijo que también han detectado instituciones del Estado que se confabulan con empresas para que una resulte gananciosa, sin que haya sanciones establecidas para la institución pública que comete la falta y que provoca que el Gobierno compre más caro. Expresó que para enfrentar la situación han creado mecanismos aleatorios de supervisión de las empresas, en procura de establecer la realidad.

“Hemos encontrado que teníamos una serie de empresas que tenían socios comunes y que eran familiares la mayoría, inmediatamente ellos reciben la información de que se les está dando seguimiento por alguna denuncia, milagrosamente cambian los socios, cambian de domicilio y de eso se trata, de ponérsela difícil”, indicó.

Dijo que hay toda una red internacional que hace uso inadecuado de esos formalismos, que no son ilegales a menos que se presenten todos en un mismo proceso o si se puede vincular que una empresa pequeña constituida por una grande está participando en un concurso dirigido a las mipyme.