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La fusión de algunos ministerios, anunciada sin esquema de consolidación estructural garantizada no es, por tanto, augurio de que, tras haber experimentado un exagerado crecimiento en apenas un lustro, el Estado adquiriría a mediano plazo, y por decisión de reducir gastos más allá de lo simbólico, de las dimensiones que correspondan a su magnitudes territorial y poblacional y sobre todo a su capacidad de generar recursos para sostener una burocracia situada entre las cinco más grandes de América Latina. Lo que significa que República Dominicana solo se compara y aproxima en eso de disponer de nóminas estatales supernumerarias con países de colosales demografías y en otros órdenes como Brasil, Argentina, México y Colombia.
Con más de 700 mil «servidores» públicos -unos 150 mil adicionales a los del 2023- sería difícil vaticinar un equilibrio de finanzas públicas para el año que comienza con un Gobierno que tras huir de una reforma fiscal que le ayudara a soportar su enormidad de gastos, en el 2025 se va a privar, por exenciones y exoneraciones muchas de ellas cuestionables y exageradas, de RD$383,566.2 millones con un incremento de tales generosidades de un 7% en comparación con el 2023, lo que también determina una preocupante reducción del gasto de capital. La reafirmación de que vienen tiempos más difíciles de la cuenta está expresada parcialmente al menos por la prisa que imprime la presente administración del Estado a la búsqueda de más préstamos en organismos internacionales por 4 mil millones de dólares, equivalentes a RD$232,434,130,000. (El Nacional 13/12/24). Esto en un marco de subsidios para que haya luz eléctrica en 48 mil kilómetros cuadrados con casi una mitad de los consumidores que no la pagan o no se la cobran, obligando a esta gestión a subsidiar a la más fallida distribución de la energía del continente con un monto promedio anual de US$1.500 millones.
