Hablando de reformas

Hablando de reformas

En estos tiempos la sociedad está enfrentada a acontecimientos que obligan a mirar hacia la zapata jurídico legal que sustenta nuestra institucionalidad.

Se ha advertido, por ejemplo, la necesidad de modificar la Constitución de la República en varios aspectos medulares, con el fin de adecuarla, de ponerla en fase con los tiempos.

Pero hay necesidad apremiante de reformas en otros aspectos de la vida nacional, con la finalidad de lograr beneficio social en muchos sentidos.

Hace algún tiempo se insistía en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para tratar de contrarrestar el ímpetu de la delincuencia criminal.

Esta reforma, según los promotores de la idea, permitiría eliminar las causas que motivan la pronta excarcelación de delincuentes desde el ámbito judicial.

Y es necesario revisar el Código del Menor porque, evidentemente, su espíritu actual no consigue proteger a los menores de la tentación de delinquir sino que les garantiza un grado de impunidad que estimula que las bandas delincuenciales prefieran reclutar a menores de edad. Al limitar los ámbitos en que se puede actuar contra los menores involucrados en delitos, el Código del Menor crea un estímulo a la delincuencia, en perjuicio nada menos que de quienes se pretende resguardar.

II

Aquí hay también necesidad de hacer profundas reformas de orden político, algunas de las cuales deberían plasmarse en la Constitución.

Por ejemplo, la integridad de la división territorial debería estar, de alguna manera, protegida del apetito voraz de los políticos empeñados en crear espacios para nuevos cargos congresuales y municipales, así como de burocracia pública.

Por otra parte, la formación, sustentación y extinción de los partidos políticos tiene que quedar sujeta a nuevas reglas, que permitan una actualización de requisitos.

Probablemente sea necesario reformar aspectos de la Ley Electoral, como el que establece la financiación estatal de las campañas electorales de los partidos reconocidos.

En esta misma ley deberían plasmarse pautas estrictas para las alianzas, de manera que queden protegidos los derechos de quienes ganen candidaturas y de quienes los hayan elegido, para preservar de esa manera la democracia interna de las organizaciones.

En el aspecto de la legislación electoral habría que concentrar esfuerzos para una amplia consulta que permita establecer si es razonable que la Junta Central Electoral (JCE) sea instancia única en esta materia, actuando como árbitro de los procesos que ella misma organiza y cuyas decisiones son inapelables.

Es evidente que nuestro Estado requiere modernizarse, no solamente en términos de procedimientos y uso de tecnología. Se requiere hacer cambios profundos y previsores, que nos coloquen a la par con la marcha de los tiempos, con la modernidad.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas