La corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo social del país y la mayoría de los países del mundo, el caso Odebretch que salpica a tantos gobiernos es solo la punta del iceberg; en República Dominicana el soborno para obtener obras públicas ha sido una constante en todos los gobiernos, desde la dictadora de Trujillo hasta el advenimiento de la democracia. Muchas fortunas privadas en el país se han forjado al amparo de los gobiernos, desde Lilís hasta nuestros días, se han enriquecido políticos, también militares y policías; sin embargo en la historia del país ningún gobierno ha hecho tanto a favor de la transparencia y la reducción de la corrupción que las administraciones del PLD.
¿Qué han hecho los gobiernos del PLD a favor de la transparencia y mejoría de los controles?
En noviembre de 1996, en la primera administración del Dr. Leonel Fernández, se emitió el Decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), pero el Congreso dominado por el PRD no aprobó el financiamiento del BID y el gobierno de Hipólito Mejía, contando con ese financiamiento, apenas promulgó la Ley de Contabilidad Gubernamental.
En la segunda administración del Dr. Leonel Fernández, tan pronto se obtuvo mayoría congresional en 2006, se logró implementar la Reforma de la Administración Fiscal, con un conjunto de leyes como la de Presupuesto, Control Interno y Auditoría, Ley de Tesorería, Crédito Público, Compras y Contrataciones Públicas, así como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE) y la herramienta tecnológica, el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Esta reforma representa el mayor esfuerzo de transparencia y manejo adecuado de los recursos.
La administración del Lic. Danilo Medina ha dado pasos firmes en pos de la aplicación de este conjunto de leyes y en ese sentido ha fortalecido la Dirección de Contrataciones Públicas y la Dirección de Presupuesto ofrece mejor y mayor información y por ello el propio Presidente destacó en la rendición de cuentas del 27 de febrero, “por eso hemos sido presentados como ejemplo de transparencia presupuestaria por la Oficina del Presupuesto Abierto del International Budget Partnership”.
Hoy es una realidad la Cuenta Única del Tesoro, es decir las recaudaciones que hacen ministerios e instituciones del Estado que anteriormente manejaban esos recursos discrecionalmente, ahora deben depositarse en una subcuenta única y su utilización por parte de las mismas instituciones pasa por los sucesivos controles de los demás recursos presupuestarios. Para el presupuesto de este año la Cuenta Única de Tesorería manejará la suma de RD$14,030.1 millones. Esto es un avance extraordinario en materia de transparencia.
La construcción de las escuelas han sido sorteadas, beneficiando millares de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, se han multiplicado las licitaciones, se ha establecido un porcentaje de las compras para las pequeñas y medianas empresas y gracias a esa democratización de las compras gubernamentales el número de proveedores se ha multiplicado de 19 mil a 62 mil en apenas cuatro años.
Se creó la figura de los veedores de las instituciones del Estado, confirmado por personalidades de la sociedad civil, está en funcionamiento el portal transaccional que cuelga toda la información sobre las licitaciones, propuestas, adjudicaciones, pagos a proveedores y además se emitió el Decreto 15-17 que establece la obligatoriedad de todas las instrucciones del Gobierno Central debe verificar la disponibilidad de recursos antes de realizar cualquier compra o contratación.

Mucho se ha avanzad, pero queda por hacer cuando se observan escándalos como los sobornos de la constructora Odebretch, Corde y Los Tres Brazos, así como la venta irregular de terrenos en el CEA, situaciones que han sido afrontadas como manda la ley por el Presidente Danilo Medina y la pelota está del lado del Ministerio Publico y del Poder Judicial. Estas situaciones revelan la necesidad de reforzar los controles preventivos fortaleciendo la Contraloría, la Cámara de Cuentas, la Dirección de Impuestos Internos y leyes electorales que limiten y supervisen el aporte de recursos privados a las campañas políticas.