Se ha colocado en la palestra nacional la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para que sean retirados de la partida presupuestaria del Ministerio de Educación más de 4,000,000,000 correspondientes a proyectos NO ejecutados y se destinen a otras necesidades sociales, como señaló el Ministro de Hacienda: “subsidio de los combustibles, que son necesidades del momento”, propuesta que ha generado cierto malestar social, arrojado una serie de análisis y opiniones enmarcadas en los ámbitos jurídico, económico, pero sobre todo emocional.

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Es justo y necesario reconocer que la propuesta está enmarcada en la visión del presidente Luis Abinader en eficientizar la calidad del gasto y mantener a flote la economía de nuestro país ante la crisis mundial, manteniendo un equilibrio entre las necesarias políticas de asistencialismo  y la sostenibilidad económica, ahora bien, la pregunta es ¿A qué costo?.
 
Vamos 25 años atrás, el origen de invertir el 4% Producto Interno Bruto (PIB) en educación nace del mandato de la Ley de Educación No.66-97 en su artículo 197. Este presupuesto garantiza que no se alegará limitantes económicas para otorgar el derecho ciudadano a recibir una educación de calidad, conforme el artículo 63 de la Constitución que ordena al Estado Dominicano a que toda persona tenga acceso y derecho a una educación integral y de calidad, así cómo en igualdad de condiciones. Obligando el mismo artículo, en el numeral 10, que no se podrá hacer transferencia de los fondos destinados a educación a otras áreas.
 
Luego, nace la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que precisa que sean impulsadas las reformas necesaria para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos los niveles.
 
Con el esfuerzo, constancia y compromiso de la sociedad civil, luego de 16 años de incumplimiento de la Ley 66-97, alzó su voz y marchó, una y otra vez, vestida de amarillo con las emblemáticas sombrillas amarillas grabadas con la consigna “El 4% para la educación” se logró la victoria del pueblo. ¡Sí del pueblo! Ya que la causa nos unió dejando de lado partidos políticos, creencias, religiones, culturas o criterios. Posteriormente surge el Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

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En principio la inversión del 4% fue enfocada por los gobernantes de aquel momento en la construcción de infraestructura (necesarias), sin embargo, faltó a la par una planificación equilibrada con la mejora curricular y formación docente, es decir, se estaban realizando mejoras sistemáticas, más no del sistema.
 
Hoy, post pandemia, escuchar que el sustento de la propuesta del Poder Ejecutivo se basa en que las partidas no fueron ejecutadas, aún con la disponibilidad de los recursos duele, y duele más aún que se considere como un excedente económico y no como falta en la ejecución.
 
La solución es la reubicación de las partidas en el mismo rubro, dedicarlo a la misma educación, donde sobran los problemas y con todo y 4% del PIB escasea el dinero, adecuando el presupuesto para afrontar lo hoy urge e importa, por ejemplo: (a) Formación continua y de calidad en los docentes, (b) Adecuar la infraestructura, (c) Reinsertar los estudiantes que han desertado, (d) Programa de nivelación académica post pandemia, (e) Inclusión TIC’s y el inglés, (f) Mejorar los servicios alimenticios de los estudiantes.
 
El MINERD aún tiene una deuda grande con la sociedad que demanda sea otorgada una educación de calidad; por lo que injusto que se tomen medidas económicas sacrificando, como es de costumbre en el Estado, la niñez y adolescencia, población que por su naturaleza es vulnerable, empujando a que se siga ampliando la brecha social al construir una gobernanza enfocada en políticas económicas.