No podía ser más oportuna, aunque las cúpulas de los partidos  opinen lo contrario, la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el doctor  Roberto Rosario, de que serán rechazadas las candidaturas a cargos electivos que al  ser inscritas en el organismo no hayan sido aprobadas por una convención de delegados como manda la Ley Electoral 275-97. Rosario  explicó que esa ley define el procedimiento que deben agotar  los partidos para la selección de sus candidatos, sea mediante primarias abiertas, plurales y competitivas, o a través del sistema de convención de delegados, recordándoles que deben  depositar los documentos que demuestren que los candidatos son el resultado de cualquiera de esos procedimientos. Y confió en que todos los partidos, “sin excepción”, agotarán sus procesos internos  antes de cumplirse el plazo  de inscripción de candidaturas, porque de lo contrario la JCE no podrá recibirlas. Claro está, el doctor Rosario no ignora que la mayoría de los partidos están apelando a otros sistemas de selección al margen  de la ley 275-97, con lo que además están violando  el artículo 216 de la Constitución que les ordena  garantizar la democracia interna tanto para la selección de sus candidatos como de sus autoridades internas, por lo que está consciente de lo que significa su emplazamiento a nuestra engreída partidocracia.  Por eso insisto en que hay que saludar, por  oportuna, la salida a escena del presidente de la JCE en momentos en que el juego democrático parece  necesitado de un árbitro  que les recuerde a los jugadores cuáles son las reglas y  su obligación de  cumplirlas, pues  los partidos están  solos en la cancha haciendo lo que les da la gana como mejor les parece,  irrespetando al   juego y, sobre todo, a los fanáticos  que pagan por el espectáculo.