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El demandado Reglamento de la Ley General de Migración 285-04, que tomó siete años para su aprobación, contiene normas tan difíciles de implementar que están obligando a una flexibilización de facto al entrar en vigencia ocho meses después de su promulgación el 19 de octubre pasado.
Los costos que se está imponiendo a la contratación de los trabajadores inmigrantes (entiéndase haitianos), que se estiman entre 20 y 30 mil pesos por persona, son tan elevados que no podrán ser cubiertos por ellos ni por la mayoría de sus contratantes, lo que podría frustrar el objetivo fundamental de la regularización.
Regular, no penalizar. El Reglamento 631-11 tomó más de siete años para su elaboración, desde la promulgación de la Ley General de Migración 285-04 en agosto del 2004 al terminar el gobierno de Hipólito Mejía, y fue promulgado por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011, en medio de un clamor generalizado sobre la necesidad de regular la inmigración haitiana incentivada por el tráfico de personas e intereses empresariales.
La Dirección General de Migración (DGM) había establecido un plazo para ponerlo en vigencia, el cual venció el 1 de junio último, pero entonces tropezó con la realidad de que es prácticamente inaplicable, procediendo a negociar con las principales asociaciones de productores agropecuarios y de la industria de la construcción, que son los mayores contratantes de mano de obra haitiana.
Se han negociado nuevos plazos por lo menos con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas para que intenten regularizar los trabajadores que emplean esos sectores, una alta proporción de los inmigrantes indocumentados. Los dirigentes empresariales no se han opuesto a las regulaciones, pero reclaman principalmente que no se les penalice. Quieren ver el Estado como facilitador, no como verdugo.
Por su parte el director de Migración, José Ricardo Taveras, hubo de reconocer esta semana ante el Grupo de Comunicaciones Corripio, que el reglamento no podrá ser aplicado a rajatablas, sino por etapas, con flexibilidad, aunque reclamando que los contratantes inicien gestiones para regularizar sus trabajadores inmigrantes, y hasta ha prometido reducir algunos de los costos, pero por lo menos los dirigentes de la JAD creen que la reducción deberá ser radical para que la mayoría de los contratantes, miles de pequeños y medianos productores, puedan acogerse a la regularización.
Un costo muy elevado. El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, sostiene que apenas parte de unas 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias podrían pagar los elevados costos que conlleva la regularización de los jornaleros, lo que resultaría imposible para más de 10 mil pequeños y medianos productores agrícolas que emplean entre 10 y 25 jornaleros, sólo por temporadas de siembra o cosecha. Lo mismo sostienen dirigentes de las asociaciones de constructores.
La JAD ha estimado que el costo por regular cada trabajador haitiano oscilaría entre 20 y 30 mil pesos, suma que recaería sobre los contratantes, agravando los costos ya elevados de los productores agropecuarios y por lo tanto sus dificultades competitivas aún en el mercado nacional. Con el agravante de que luego de regularizar un trabajador, el contratante no tiene mecanismo para obligarlo a permanecer a su servicio, a no ser que conviertan las fincas o las construcciones en campos de concentración. Las deserciones conllevarían otro costo, pues si no los pueden repatriar, la DGM ejecutaría la fianza de garantía que debe pagar por cada contratado.
La mayor tarifa es la que ha establecido la propia DGM por emitir el carnet de identificación migratoria, hasta ahora de 15 mil pesos pagaderos en efectivo, que Taveras promete reducir a 14 mil. El pasaporte de los haitianos sale a 80 dólares, y la visa dominicana teóricamente a 90 dólares, aunque los consulados cobran hasta 200. Pero con un mínimo de 170 dólares en pasaporte y visa, equivalente a 6 mil 630 pesos, ya el costo supera los 20 mil pesos. Cuando le suman los costos de obtener actas de nacimiento, cédula de identidad, certificados médicos y de buena conducta con su traducción y legalización, más la póliza de garantía, el costo individual sobrepasa los 30 mil pesos, y sin incluir los sobornos en la frontera, el contrato de trabajo y su registro en el Ministerio de Trabajo.
Una extrema dependencia. Al parecer los responsables del Reglamento de Migración, imbuidos de un espíritu nacionalista, desconocieron la extrema dependencia nacional de la mano de obra haitiana, que comenzó con la industria azucarera a comienzos del siglo pasado, pero que se extendió en las últimas cuatro décadas a casi toda la producción agropecuaria, ya sea de exportación como el banano y el cacao, o de consumo nacional como el arroz, café y hortícolas, así como a la próspera industria de la construcción, pública y privada, en que se ha basado la modernización y el crecimiento económico dominicano.
Aunque el código laboral establece que la proporción de empleados tiene que ser de un mínimo de 80 por ciento dominicanos y máximo 20 por ciento de extranjeros, en la agroindustria, la pecuaria y la construcción alcanza proporciones inversas, con hasta 80 por ciento de haitianos, según lo reconoció el año pasado el ministro de Agricultura.
Los dominicanos comenzaron aborreciendo el trabajo de la caña, luego de toda la agricultura, más tarde de la construcción, y recientemente hasta de las ventas ambulantes. Contradictoriamente los dominicanos que emigran en yolas a Puerto Rico, arriesgando sus vidas, allí laboran en la agricultura y la construcción, lo que sustenta el criterio de que los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales en el país son determinantes.
Los campesinos han preferido emigrar a las barriadas urbanas y optar por trabajos como el motoconcho, incentivados por fenómenos como el Nueva York Chiquito y el cemento sembrado en las grandes concentraciones urbanas. La realidad es que les resulta más fácil y menos costoso obtener financiamiento para un motor o un cacharro de cuatro ruedas que para la producción agropecuaria.
Mientras el país se hacía cada año más dependiente de la mano de obra haitiana, se desarrolló un hipócrita discurso nacionalista, sin los mínimos esfuerzos para controlar ni regular la inmigración, hasta el punto que tomó dos décadas actualizar la Ley de Migración y su reglamento, para ahora descubrir que por lo menos este último no tiene posibilidades de aplicación efectiva, dando pretexto a los empleadores para mantener niveles de explotación de una mano de obra excedente e incapacitada para el menor reclamo.
Procedimiento ineficiente. La reglamentación parte de una concepción de inmigración a naciones desarrolladas, remitiendo a contratar trabajadores en sus países de origen, tratando de ignorar que ya hay cientos de miles internados aquí y que trabajan fundamentalmente en la agropecuaria y la industria de la construcción, sectores económicos que dependen de la mano de obra haitiana, en el agro entre un 60 y 80 por ciento, y en la construcción sobre el 60 por ciento.
La sección XI, artículos 69-79 establece el Procedimiento para ser admitido como persona No Residente en la Sub-categoría de trabajador temporero individual o en contingente, el cual remite a Haití a los que ya trabajan aquí para que puedan proveerse de actas de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, visa para ingresar al país, certificados médicos y de buena conducta debidamente traducidos al castellano, apostillados y legalizados por un consulado dominicano.
Se estima que no llega al 10 por ciento la proporción de los inmigrantes haitianos provistos de pasaporte y visado dominicano, y es también muy alto el porcentaje de los que no tienen cédula ni acta de nacimiento, lo que implica no sólo que tienen que volver a Haití para iniciar su regularización, sino agotar allí un largo y costoso proceso de papeleo superior a sus posibilidades.
Hay quienes consideran que el procedimiento hubiese sido más viable si asumiera la realidad y estableciera mecanismos de regularización desde aquí en colaboración con las autoridades consulares haitianas. O si se procediera a registrar y regularizar, con carnet de identidad nacional, a los que los contratantes documenten como empleados. Eso implicaría reconocer que una alta proporción de los inmigrantes haitianos carecen de documentos oficiales de identidad. Contribuiría al objetivo fundamental que no se supone sea penalizar, sino regular para controlar y reducir los flujos de inmigrantes y hasta para iniciar un proceso de repatriación racional de los excedentes, al mismo tiempo que se garantiza una mano de obra en alta proporción ya imprescindible.
