Hoy 
El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) denunció que la Superintendencia de Electricidad cometió una ilegalidad y una acción ilógica al emitir una resolución de aumento de tarifas aplicada para una energía que había sido consumida antes.
José Luis Moreno San Juan denunció también que la Superintendencia de Electricidad, utilizó una tasa de cambio que no corresponde con lo establecido en la Ley, con relación al aumento de tarifas para los usuarios de media tensión, que son los comercios grandes y las industrias.
En ese sentido, se utilizó en la resolución 12-2004, una tasa de cambio de RD$51.60 por US$1.0, en vez de RD$48.0 por US$1.0, que era lo correcto, dijo.
En la Ley General de Electricidad se establece que el cálculo de la tasa de cambio para aumento de las tarifas, debe hacerse sobre el promedio de la prima del dólar en los últimos 30 días, que en este caso sería de RD$48.0 por US$1.0, dijo.
Añadió que en las tarifas de media tensión, las que se aplican a los grandes comercios e industrias, se estableció un valor que está un 25.32%, por encima del valor medio aceptable en estos momentos, el cual debía ser de RD$ 4.395/KW h (kilovatio hora) para una tasa de RD$48.00 por US$ 1.00, incluyendo en ello el valor del pago de potencia.
En declaraciones para HOY, Moreno San Juan expresó que el precio no puede ser fijado después que se ha consumido, sino antes».
Según Moreno San Juan, un aumento de tarifa aplicable para el consumo anterior a la emisión de la resolución que lo dicta, crea problemas a las empresas y a los hogares, porque tienen que pagar un alza de tarifa eléctrica que les llega de sorpresa, sin que se le haya avisado para ajustar sus presupuestos del mes.
Recordó que el artículo 114 de la Ley General de Electricidad, establece que la tarifa es válida 30 días después de haber sido publicada en un periódico de circulación nacional.
La resolución 12-2004 que dicta la citada alza, dice que las nuevas tarifas serán aplicables desde el día 1º de marzo del presente año, pero hay denuncias de empresarios de que las mismas se pusieron en vigencia con relación al consumo de febrero pasado.
