El apresamiento del Diputado Miguel Ángel Gutiérrez (PRM, Santiago) en Miami, acusado por la autoridades norteamericanas de traficar cocaína entre 2014-2017, representa el primer caso en el cual un legislador en funciones es detenido, pero lo que esto revela es el nivel de penetración del narcotráfico en los partidos políticos.

Aquí y en todos los países el narcotráfico puede operar porque cuenta con el apoyo de las autoridades y no es accidental que en muchos casos hasta altos oficiales de la DNCD han sido extraditados a los EU, de ese apoyo y complicidad se han beneficiado los principales capos que han nacido, crecido y apresados: para muestra vale los casos de Quirino Ernesto Paulino, que en el gobierno de Hipólito Mejía fue “enganchado” como teniente del Ejército y fue jefe de la campaña electoral en su provincia; también el más reciente, Cesar Emilio Peralta(alias Cesar el abusador), jefe de la mayor red de narcotráfico, protegido en el gobierno de Danilo Medina, a punto tal que en la víspera de ser arrestado para iniciar el proceso de extradición, fue avisado y salió del país, posteriormente fue atrapado por la Interpol en Colombia,

El costo de las campañas electorales en el país, desde el presidente hasta un regidor, es el más elevado de la región y si en en algún momento no había leyes que limitaran el costo y definiera quienes aportaba; leyes mediatizadas, como la de primarias y la del régimen electoral, representaron la primera oportunidad para que la Junta Central Electoral iniciara el camino de la regulación de los partidos, pero los anteriores miembros de las JCE fueron incapaces de aplicar la ley especialmente en lo atinente al derroche de los recursos del estado en la campaña del partido oficialista

En un escenario de campañas electorales costosas, no es accidental la abundancia de legisladores propietarios de bancas de apuestas(“banqueteros”) que empresarios financien candidatos, especialmente presidenciales, como una forma de inversión, con bastante rentabilidad si el candidato resultaba ganador, pues se benefician con jugosas compras gubernamentales y los contratos de obras.

En ese escenario el narcotráfico no se conformó con financiar las campañas electorales, sino también lanzarse a desarrollar carreras políticas y obtener, en muchos casos con altas votaciones, posiciones electivas en el congreso y municipios

La Ley de Partidos y la del Régimen Electoral necesitan ser modificadas para crear un marco estricto que permita a la JCE limitar los aportes privados a las campañas electorales, colocar un techo razonable a los gastos de campaña en línea con los topes que muchos países de la región han logrado

El tope de los aportes y el gasto de los candidatos no son suficientes, es necesario transparentar la contabilidad de los partidos y los candidatos para minimizar el riesgo de que recursos del crimen organizado o la corrupción los financien.

De no establecerse esos controles los casos como el del Diputado Miguel Ángel Gutiérrez se van a repetir y nuestras cámaras legislativas y los municipios seguirán siendo captados por el narcotráfico y cada vez será más difícil que buenos candidatos, pero carentes de los recursos, puedan ganar elecciones.

¿Se animan los partidos políticos y la Junta Central Electoral acabar con las campañas costosas y evitar de manera definitiva que el narcotráfico siga incidiendo en las organizaciones y logrando posiciones electivas?