La progresión para reducir el subsidio eléctrico, que lógicamente conlleva cobrar el suministro que el Estado comercializa en función de sus costos reales, va en la dirección correcta de economizar al fisco excesivos gastos que conceden permanencia a las distorsiones del sistema energético que se ha eludido enfrentar históricamente.

Una infraestructura que depende mucho de una generación privada que sale demasiado cara y con un deficitario reembolso desde los consumidores. Es hora de atacar en sus orígenes los esquemas que merman ingresos o someten al Estado a una carga inmoderada de asistencias económicas a intereses particulares.

Con profundidad de saneamientos, y una diligente gestión contra evasiones y elusiones que rozan la ilegalidad por debilidad de la ley, se reducirían las presiones que cíclicamente hacen ver como inevitable una reforma para aumentar la presión fiscal y que el país no continúe en una captación de impuesto alejada de promedios racionales y universales.

La intención de proceder a una supresión indiscriminada de exenciones, contra la que ha reaccionado sensatamente una parte de la opinión pública, debe desaparecer como amenaza de anular un mecanismo liberador para fines desarrollistas y de creación de empleos.

Poner en claro las excepciones a la regla admitiendo que proliferan exoneraciones improcedentes de arriba abajo, concedidas con excesos de poder que institucionalizan privilegios en tratamiento de botín al Estado.