Los contendientes de la lucha política deberían abrirse a un diálogo que reduzca tensiones y augure el desarrollo ordenado del proceso electoral 2020 con reafirmación de respeto a las reglas del juego y a la entidad que las aplica. Examinar diferencias, discutir y consensuar propuestas orientadas a la celebración de consultas libres y transparentes. Los liderazgos deberían situarse en un plano de reciprocidades sin renunciar, lógicamente, a sus individualidades. Así lo reclaman sectores de la sociedad; núcleos empresariales y eclesiásticos, entre otros, preocupados por las descalificaciones intensificadas en discursos a partir de las frustraciones que a todos embarga por la suspensión de las votaciones del pasado domingo. ¿Por qué no abordar contradicciones en busca de coincidencias en aspectos fundamentales bajo el auspicio de mediadores?
Es hora de consensuar con la Junta Central Electoral y reconocer su capacidad para avanzar en la preparación de las elecciones extraordinarias a culminar el próximo marzo. Ninguna anormalidad en los equipos del voto automatizado, ya descartados, resultó de imprevisiones o incompetencias del órgano rector tratándose de un ámbito tecnológico vulnerable por definición. Correspondía a expertos certificados lograr su buen funcionamiento. Establecer como se exige el origen del revés informático, ajeno a la buena voluntad de la JCE, pondría las cosas en su justo lugar.

Deudas con una gran comunidad

Baní, ciudad de viejos lauros por el civismo de sus habitantes, limpieza de calles y el aspecto amigable de sus barriadas, aun de las más pobres en las que han brillado las buenas costumbres, está, de todos modos, abrumada por problemas que se agravan con el paso del tiempo y exigen soluciones. No existen todavía las vías de circunvalación y bulevar llamadas a descongestionar el área apartándolo de la intensa y estrepitosa circulación de vehículos entre el Sur corto y largo y Santo Domingo.
Son obras que junto a la construcción de drenajes contra inundaciones e insalubridades en la urbe banileja, debe proveer el Estado, negado a retroceder en su empeño de retener recursos que legítima y legalmente deberían llegar a las administraciones municipales. En ellas, a nivel nacional, predominan las precariedades.