Importantes reservas forestales cuya conservación debe estar garantizada para sustentar la vida y el desarrollo, reciben constantes agresiones a veces fortuitas, otras por explotaciones comerciales ilegales, y otras de intención criminal. Incendiarios de fines inconfesables acaban de pegar fuego en decenas de lugares de las cordilleras Central y Septentrional. Asimismo persisten los desmontes para sembrar. Otros azotan áreas protegidas para instalar hornos de carbón y propiciar un tráfico casi público del subproducto hacia Haití contra el cual tienen muy pocos resultados la vigilancia y la persecución a pesar de que, como se sabe, alrededor del 60% de los gastos militares y de Defensa están circunscritos a la frontera.
En una extensión próxima a Haití operan bandas que extraen el arbusto Guaconejo para fines industriales al otro lado de la frontera, deforestación que se apoya en complicidades al punto de que después de ser incautado cualquier contrabando podría desaparecer de recintos custodiados para continuar a su destino original sin consecuencias. Para ser efectiva la protección de las fuentes naturales de agua que ya escasea para consumo humano y uso agropecuario tiene que aplicarse una coordinación de operaciones con recursos aéreos y vigilancia terrestre insobornable. Castigar a los depredadores , despoblar zonas vulnerables y convertir a campesinos en protectores garantizándoles el sustento.

Una voz contra la prepotencia

Notorio han sido a la vista del arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, el proceder abusivo de funcionarios públicos que hacen “saltar de sus puestos a cualquier persona”. El respetado monseñor formuló un reclamo de “humildad y mística de servicio” al ejercer autoridad, denunciando algo que podría tener origen en criterios partidarios que suelen predominar al decidir nombramientos. En algunos liderazgos políticos permanece la cultura de utilizar al Estado para repartir cargos entre amigos, activistas de proyectos y familiares. Partiendo de tan estrecha y sectaria visión no extrañaría que la calidad personal valga poco a la hora de asignar funciones a las que podría ir a parar gente sin buenos modales ni competencia profesional y sí con mucha disposición de aferrarse al disfrute de jerarquías que la falta de institucionalidad les garantiza.