FERNANDO INFANTE
El Estado dominicano confirma cada vez más que no está organizado para enfrentar con eficiencia sus propias responsabilidades. Los gobiernos que lo han representado, con las conocidas excepciones, nada más se han ocupado del disfrute del poder y el relumbrón. Las instituciones públicas se han desenvuelto en una rutina marcada por la inercia cuando no por la improvisación, el capricho y la voluntad medalaganaria.

Las medidas intempestivas y emocionales que se han dispuesto con la finalidad aparente de enfrentar la delincuencia y que ocupan ahora los mayores comentarios, es otra prueba de esa incapacidad que a veces llega a la irracionalidad, como lo ha sido la aplicación del decreto que arrastra de forma olímpica determinados derechos ciudadanos que son fundamentos del sistema democrático que tanto se ufanan en sostener las autoridades. No es dando hachazos en el agua, como dice el viejo refrán haitiano que se van a resolver los problemas del país, los cuales cada vez se presentan más dramáticos y de proporciones romanas para su solución.

Mantener el cierre de los negocios de diversión y consumo de bebidas alcohólicas después de la medianoche tiene que resultar insostenible, a menos que se quiera correr el riesgo de quebrar la dinámica vida nocturna que, con su alegría y desparpajo ofrece una simpática imagen del país y sus gentes, aparte del solaz que eso proporciona a un pueblo agobiado de problemas y carencias. Tampoco se debe ignorar que concurrir a divertirse a lugares públicos en las altas horas de la noche es consecuencia propia del cambio social que ha experimentado la sociedad dominicana en las últimas décadas por lo que salir tarde se ha vuelto habitual, sobre todo en la juventud criolla de todos los niveles sociales. ¡Culpas del tiempo son y no de España!

Las disposiciones empleadas para frenar la delincuencia, al tenor del decreto, obviamente están impulsadas por el nerviosismo ante el crimen que de forma gradual nos han estado envolviendo desde hace años y los gobiernos de turno no han elaborado programas para enfrentarlos con sentido común y lógica por su falta de visión del largo plazo. Ahora vienen a valerse de la prisa y la improvisación; y, por consecuencia, no han medido los resultados negativos, tanto en lo social como en lo económico que ocasionan las batidas del cierre de negocios por brigadas en función coercitiva.

Las decisiones apresuradas y sin ponderación como para salir del paso, por lo regular tienden a dar resultados erráticos y a veces hasta ridículos, como ocurrió poco antes de Trujillo visitar el Vaticano. El gobierno quiso evitar un mensaje a la Santa Sede que reflejara la moralidad y conducta social que imperaba en el pueblo y no encontró otra muestra que disponer el apresamiento de las prostitutas.

Tan atropellante medida tuvo como complemento la detención de vagos, chulos y homosexuales bien conocidos en aquellas zonas para ser enviados a Julia Molina a recoger cosecha de arroz. Tan expeditiva acción, no del todo sorprendente, dada la naturaleza del régimen, llevó a los barrios altos de la ciudad capital y otras localidades a cubrirse bajo un manto forzado de silencio y contenido disgusto que generó sordas críticas. Los cafetines languidecieron; los bares de chinos callaron sus velloneras y la alegría del bolero y el danzón desapareció. Por contagio los cines de aquellos lugares vieron su público grandemente disminuido así como los puestos de frituras en las esquina, las fondas y los hoteluchos de esos sectores sufrieron la embestida que la disparatada disposición les acarreó.

Cuando la vida alegre se entristeció por la causa comentada, Trujillo le echó el muerto a dos o tres funcionarios que fueron cancelados y la odiosa medida fue anulada. El escape social que significaba para un pueblo aherrojado la vida bohemia con sus agradables pecados de romo y sexo volvió y de nuevo se bebió y bailó al compás del son.

La aplicación del Decreto que ha motivado este artículo, hasta ahora, lo único que ha producido claramente, fuera de los perjuicios económicos que ya se exponen, es la tranquilidad en los vecindarios donde existen colmadones; pero, para evitar las molestias de los ruidos altos que salen de esos negocios, debería haber otras medidas menos onerosas en todo sentido, que no sean precisamente como matar mosquitos a cañonazos, sino fuera por la triste condición de ineptitud que arrastra nuestro Estado.