Frente al Colegio Marillac, un establecimiento católico vecino de este periódico, justo a la hora de salida de clases, alguien disparó este viernes contra el padre de uno de los alumnos, con la intención manifiesta de “no matarlo”, sino inutilizar sus piernas.

El balance abarcó no sólo a la víctima escogida, sino también a varios niños que resultaron con heridas de bala y  quemaduras de pólvora.

En la madrugada del mismo día, en Santiago, individuos armados penetraron a una vivienda, mataron a tres personas e hirieron otras tres, y luego en la calle asesinaron a una cuarta. Se dice fue en desquite por una denuncia que días atrás habían hecho las víctimas contra sus victimarios.

Días antes, dos italianos fueron asesinados por delincuentes, en Boca Chica, con el aparente propósito de robarles.

Por otra parte, cada vez abulta más la cifra de civiles muertos en ajustes de cuentas y linchamientos e intercambios de disparos con patrullas policiales, así como de policías y militares asesinados en encerronas tendidas por delincuentes para despojarlos de sus armas de reglamento, motocicletas y otras pertenencias.

II

Quizás el yerro más grande es considerar estas ocurrencias como hechos aislados  cada uno de ellos con causas y consecuencias muy particulares.

La realidad es que todos estos sucesos lamentables están sumados en el contexto de una sociedad cada vez más descompuesta e indefensa.

Está visto que el aparataje policial, o policíaco militar que suele montarse en “operativos” rinde pocos frutos, no per se, sino porque hay una tarea discontinua, que pierde fuerza y esencia en la Justicia, que es el ámbito facultado para sancionar el crimen y el delito.

Tenemos una gran pérdida de valores, resquebrajamiento de la estructura familiar y un trasiego de drogas cada vez más afresivo y temerario, entre otras fallas sociales que fertilizan las malas artes.

III

Independientemente de las causas de la delincuencia y la violencia, está el hecho cierto de que las transformaciones en la Justicia parecen beneficiar a los victimarios y desproteger a las víctimas.

No hay manera de dar seguimiento a órdenes de coerción que dejan en libertad a los acusados, ni hay manera de hacerlos comparecer a instancias judiciales con la periodicidad que dictan esas órdenes.

En cambio, las víctimas de los actos que motivaron la acusación tienen que vérselas en las calles con sus victimarios, con todos los riesgos que ello implica.

El respeto  de la libertad individual como condición irreductible del ser humano parece sobredimensionado en los casos en que inculpados altamente comprometidos en crímenes obtienen la libertad condicional o por medidas de coerción.

Una dosis exagerada de benignidad en decisiones judiciales parece garantizar más impunidad que justicia en ciertos casos y fertilizar el camino hacia una  reincidencia que es cada vez más notable.

En fin, cada hecho aislado, con sus particulares causas y secuelas, es un factor que aumenta el estado de inseguridad. ¿Hacia dónde vamos?