La lectura del pasado desde cortes temporales anuales nos muestra la continuidad de procesos sociales estructurales recurrentes como ocurrió en el año 2024.

El 2024 fue un año electoral. Las elecciones estuvieron marcadas por campañas mediáticas con promoción de una identidad cultural sostenida en distorsiones históricas y negación de nuestras raíces afrodescendientes bajo el concepto de “pura cepa” que desconoce la diversidad en la composición étnico-cultural de nuestra población y aporte de distintos grupos inmigrantes.

Las intervenciones de “modernización” del espacio urbano en las principales ciudades del país generan la exclusión de una proporción significativa de familias desalojadas sin acceso a un hábitat y vivienda digna.

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La normalización de la injusticia social demuestra la falta de priorización del componente humano y social en el modelo de desarrollo que se promueve desde el Estado y los sectores de poder económico.

Lo mismo ocurre con el respeto a los derechos humanos. El año 2024 se caracterizó por la ocurrencia continua de violaciones de derechos humanos hacia los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas de la comunidad LGTBIQ, con condiciones de discapacidad, la población afrodescendiente y migrante haitiana. Estas violaciones no cuentan con un régimen de consecuencia que penalice las prácticas de violencia que sufren y se distorsionan sus derechos considerados como “favores” o “privilegios”

Las deportaciones masivas de personas migrantes haitianas que iniciaron en octubre desconocen el debido proceso y los protocolos establecidos. Ocurren con escenas frecuentes de niños, niñas, mujeres migrantes captadas de forma violenta en operativos migratorios con casos de niñez no-acompañada, así como de mujeres embarazadas

Una política de control migratorio errada acompañada de la negación de renovación de documentos de residencia a población migrante para así convertirla desde el Estado en “irregular” y en consecuencia perseguirla y deportarla.

Estas prácticas han fortalecido el racismo, las personas de piel negra dominicanas se sienten inseguras con la amenaza de ser violentadas y deportadas.

La indiferencia ante las violaciones de derechos humanos en el país es altamente preocupante al igual que ante la violencia de género, abuso sexual, incesto y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Los relatos de feminicidios con sus secuelas de orfandad en población infantil y adolescente, situaciones de incesto y acoso sexual, son parte de una narrativa social de sumisión e inercia.

La continuación de estos escenarios de violencia y violaciones de derechos erosionan notablemente el clima democrático y la gobernabilidad en el país. El Estado dominicano y la sociedad en su conjunto requiere de políticas públicas y programas sostenidas en una visión estructural no individual que apunten a cambios sociales y culturales que garanticen el respeto a los derechos.