Por: Antonio Almonte
Históricamente, la dinámica de todo orden mundial genera desequilibrios de poder que amenazan su continuidad y su redefinición provoca cambios sustanciales en la vida de los Estados. Durante el “Diálogo de Transición Energética BETD22”, celebrado en Berlín, compartí espacios de reflexión con mis homólogos internacionales y tuve la impresión de traspasar el umbral de otro escenario geopolítico. Ese nuevo orden en gestación hará de la energía su principal catalizador estratégico y convertirá la autonomía energética en el vector que guiará el comportamiento de las naciones.

No ignoro que los enfrentamientos librados en suelo europeo impactan de otro modo cuando sentimos la proximidad del teatro de las operaciones. Los dominicanos nunca hemos sido ajenos al destino de Europa ni por razones humanitarias, ni por motivos de interdependencia económica, pero causa una honda impresión compartir experiencias con los ministros de energía de naciones líderes del actual proceso de transición energética y a la vez sensiblemente dependientes a la importación de combustibles fósiles. Desde otra región, dominada por complejos y agudos conflictos, reconozco la importancia de los aprendizajes compartidos.

Hay una conciencia universal de las dificultades de llevar a cabo una migración inmediata hacia las fuentes de energías limpias. Los ejes temporales de este proceso son inciertos y su variación estará en consonancia con los niveles de dependencia del carbón, del gas o del petróleo y con la capacidad de surfear las olas de innovación. Es innegable que el contexto bélico genera mayor complejidad en la cooperación frente al cambio climático y la tentación de un regreso pasajero al carbón afecta el ímpetu de la transición.

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Existe una marcada asimetría global en el acceso a las innovaciones tecnológicas y a los recursos primarios energéticos que ayudan a pilotar la transición. En las grandes naciones el vehículo para el tránsito hacia las energías limpias ha sido un combustible fósil: el gas natural. En una nación sin yacimientos de combustibles asegurar la obtención de gas natural, fuel oil y carbón es un reto de vida o muerte económica. Consciente de ello el gobierno del presidente Luis Abinader está desplegando una previsora estrategia para la creación de nuevas alianzas energéticas.

Recordemos que el comportamiento volátil del precio del carbón impacta directamente en las finanzas públicas y provoca alzas en el mercado de la electricidad. En tan solo cuatro meses de este año el precio promedio mensual de la tonelada aumentó en más de 70% -si tomamos como referencia el índice Platts– y la tonelada pasó de costar 160 en enero a 274.50 dólares en abril. Estos datos adquieren diferente magnitud al ser comparados con las cifras de la última década (el precio osciló entre los 50-90 dólares) y si valoramos que una central como Punta Catalina consume alrededor de 160 mil toneladas al mes.

La convivencia entre el ayer y el mañana no puede alejarnos de los objetivos marcados en la agenda de la sostenibilidad: República Dominicana lidera la transformación económica del Caribe y reconoce en la aspiración a la soberanía energética una garantía de libertad. Desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader aprobamos proyectos de generación de electricidad, a partir de energía solar, equivalentes a una potencia bruta de casi 800 MW (más del doble de los firmados entre 2007-2020). Se trata de parques fotovoltaicos situados en las regiones Sur, Cibao, Este y en el Gran Santo Domingo, que representan el paso de los pronósticos a las acciones.

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Al aumentar la oferta en renovables mejoramos la vida de todos los dominicanos, reducimos la contaminación, elevamos la rentabilidad del tejido productivo y la calidad del empleo. Creamos las condiciones para que ninguna cláusula de condicionalidad medioambiental nos impida firmar un tratado bilateral y nos preparamos ante la posibilidad de que los grandes bloques continentales desarrollen mecanismos de ajuste de carbono entre naciones. Con estas decisiones iniciamos el rediseño de la matriz energética dominicana y fortalecemos la confianza público-privada entre empresas e instituciones.

Las amargas circunstancias internacionales que atravesamos deberían hacernos valorar la capacidad de resiliencia del Estado dominicano y entender, fuera de la confrontación partidaria, los retos que tenemos como país. El gobierno ha absorbido la subida en los costos de producción de la electricidad y no ha trasladado a la ciudadanía los incrementos reales de estos. Traducimos los riesgos en estímulos para modernizar la nación y gracias al diálogo multilateral, a la coordinación interministerial y al valor de nuestro pueblo, tenemos fundados motivos para la esperanza.