Independientemente de que pueda detectarse un hackeo en la auditoría técnica de los equipos utilizados en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre y de las que se añadirán tras los comicios de febrero próximo, hay otros factores que aún afectan la transparencia de las elecciones de febrero y de mayo:
1) Quizás la más grave de las dificultades que existen en el país para las elecciones municipales y nacionales del presente año es la compra y venta de votos y cédulas, “a boca de urnas”, muchos a la vista o en colaboración de la denominada policía electoral”. Es necesario renovar la comandancia de ese cuerpo y no pocos de los alistados de ese cuerpo.
2) Otro impedimento serio en el proceso electoral vigente es la compra de delegados y directivos de los colegios electorales. A ese respecto, corresponde poner en primer plano la organización de un plan de movilización popular para que haya fiscales electorales elegidos por consenso para cada municipio cabecera de las provincias y nacionales.
3) Con respecto a la compra de delegados, corresponde a las organizaciones políticas fiscalizar y denunciar cualquier intento de colaboración con los agentes de otros partidos.
4) Sobre la modalidad de fraudes que se han detectado por compra o acción de los directivos de los colegios electorales, esto se puede controlar en parte asignando a los funcionarios de cada colegio: presidente y secretario, uno de los cuales debe ser de la oposición, para evitar tales desafueros para la otra. Denunciar esas cosas a los poderes electorales y fiscales para hacer apresar y condenar a esos delincuentes, sobre todo en las zonas rural y la fronteriza.
5) Dentro de esas amenazas, los partidos de oposición deben estar alertas para evitar que como en el pasado se burle a la ciudadanía, menos en 1994 en que la Oficina Técnica de Trabajo Electoral(OTTE) bajo mi dirección en el PRD de entonces, pudimos aclarar con documentos en las manos el fraude mayúsculo del Partido Reformista encabezado por Matos Berrido, que consistió en eliminar de 20 a 25 perredeistas del padrón de cada mesa electoral, lo que permitió desplazar a Balaguer 2 años más tarde.
6) Mientras tanto, debe exigirse la igualdad en los programas radiales, televisivos y diarios del gobierno (canales 4,27) con la misma proporción que a los progubernamentales.
7) No se puede permitir que los contratistas de los gobiernos del PLD, financien las actividades electorales del PLD, porque esto viola la ley 15-99 y que acepta publicidad gratuita de los candidatos de su coalición.
8) Es necesario destacar que los ayuntamientos han sufrido durante los gobiernos del PLD hasta su casi inexistencia porcentual del 10% de los ingresos gubernamentales a solo el 1.9% en el presupuesto del 2020.
9) Por último, si esas medidas no se pueden implementar habrá que buscar otras vías que garanticen el derecho de elegir y ser elegido del pueblo dominicano.