Prácticamente ya hay un consenso entre los diferentes sectores de la sociedad para arribar al pacto fiscal que traería consigo la reforma fiscal integral, que permitiría un aumento de los ingresos tributarios y mejorar la calidad del gasto.
Es bien sabido por todos los sectores que la baja presión tributaria, 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), no permite al Gobierno continuar con el plan de inversión pública y hacerle frente a las demandas sociales históricamente acumuladas, específicamente aquellas dirigidas a combatir la pobreza y por ende a la creación de fuentes de empleo de calidad. Nunca como ahora los diversos sectores de la sociedad están conscientes de que para mantener el potencial de crecimiento dentro de una buena salud económica, se deben introducir cambios en la estructura básica de la economía.
Todos estamos claros de que las reformas estructurales son medidas orientadas a elevar la productividad mejorando la eficiencia técnica de los mercados y las estructuras institucionales, o reduciendo los obstáculos a una asignación eficiente de los recursos financieros. Dejar de lado las reformas económicas, es un desafío al que se enfrentan las autoridades, ya que dejarían al país estancado en todos los niveles, especialmente débil crecimiento económico, y desempleo creciente. En casi todos los países que han pospuesto las reformas han registrado una desaceleración de la productividad y se ha deteriorado la expansión potencial.
La identificación del país con las reformas y la capacidad de aplicarlas de manera sostenida resulta esencial para cosechar sus frutos en términos de productividad y crecimiento. Es un clamor la necesidad de un pacto fiscal para la reforma tributaria, y así lo exponen las agrupaciones empresariales, sindicales y comerciales, así como dirigentes políticos y economistas, entre otros sectores.