El problema del efecto invernadero que genera cambios climáticos que amenazan a la humanidad constituye un reto que no deja fuera a ninguna nación. Ni grande ni pequeña.

Por el tamaño de sus economías y patrones de consumo, egocéntricos, dispendiosos y severamente contaminantes, China, Estados Unidos y La India tienen  que asumir  las mayores cuotas de responsabilidad.

Sus enormes pasivos medioambientalistas bastarían, de extenderse en el tiempo, para que el aumento planetario  de la temperatura y la elevación del nivel del mar experimenten  una aceleración mayor de lo esperado.

Pero existen muchos países sin la envergadura de los colosos que de no someterse a un cambio importante  en el manejo de sus recursos naturales, su empleo de combustibles de origen fósil, sus deficiencias industriales y agrícolas y su pésima disposición final de residuos, restarán posibilidades al concierto de las  naciones para atenuar siquiera las amenazas a su calidad de vida y futuro que se han vuelto tan reales.

 República Dominicana padece un conjunto de prácticas dañinas al ambiente incompatibles con el deber ya universal de salvar la naturaleza y  coexistir con ella

Tenemos perniciosas  cañadas  urbanas en las que se ahogan niños y adultos, y “bellos” lagos que tras las lluvias intensas se convierten en embalse de inmundicias  y olores que colocan al ciudadano en peligro y malestar.

Tenemos “El pequeño Chernobil” del Caribe, como describieron unos  expertos extranjeros a la concentración de procesos industriales y residuales que caracteriza a la zona de  Haina, densamente poblada de potenciales víctimas.

Padecemos también generadores de electricidad que emiten gases tóxicos a la atmósfera en forma desmedida. Estamos atrapados en un consumo exagerado de derivados del petróleo que tiene como agravantes las deficiencias del sistema energético.

Las llamadas plantas propias, en un país que no encuentra todavía la forma de hacer estable y rentable la distribución de electricidad, han diseminado por todo el país  unas  fuentes al por menor (pero doblemente dañinas) de gases de combustión.

Sumamos a lo ya apuntado la ausencia de controles sobre las industrias que en sentido general  no cumplen con  la obligación de tratar sus aguas residuales ni  de filtrar las emisiones de  sus chimeneas.

El problema de la contaminación por generación de electricidad podría agravarse si el gobierno persiste en la instalación de plantas de carbón que resultarían lesivas al ambiente si no implican tecnologías modernas y muy costosas, lo que no está en los planes de la CDEEE.

Algunas acciones positivas han sido emprendidas pero no son suficientes para representar un avance significativo de  corto plazo.

De un lado, al fin República Dominicana dispone de una ley que incentiva las inversiones para generar energía limpia, eólica y solar, al tiempo que la producción de etanol a partir de la caña de azúcar está en la agenda nacional de una forma aparentemente firme, mientras con señal  prometedora  se  ha comenzado a  fomentar  el uso en masa de gas natural para el transporte público.