La República Dominicana ha constitucionalizado en su artículo 128, numeral 2, letra f, la atribución del Presidente de la República, en su condición de Jefe de Gobierno, de «depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior».

La rendición de cuentas que anualmente debe rendir el Presidente de la República ante el Congreso Nacional es más que un mero acto de brillantes discursos, y conlleva el cumplimiento estricto de un mecanismo que debe satisfacer las exigencias de dar a conocer la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida el año anterior, conforme al artículo 114 de nuestra Constitución; además, dicho mensaje explicativo debe contener: las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que se propone ejecutar el gobierno dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.

Es por esto que, en ocasión de conmemorarse este 27 de febrero el 174 aniversario de la fundación de nuestra República, el discurso a la nación del Presidente, genera en los sectores políticos, económicos y sociales grandes expectativas ante la espera de su comparecencia para rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Por esta razón, es pertinente propiciar el debate y reflexión en torno al establecimiento de una nueva gestión pública que valore el presupuesto por resultados, y que, además de instituir una cultura de planificación para el desarrollo en el Estado dominicano, con instituciones más democráticas y con mayores niveles de participación de la ciudadanía en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, permita sustentar una relación directa entre políticas públicas para definir la producción pública, enfatizando en los indicadores de impacto o resultado y los bienes y servicios a producirse por parte de las instituciones públicas.

Un Análisis comparativo sobre la evolución en América Latina de las técnicas presupuestarias y los procesos históricos que influyeron en las reformas de la administración financiera del Estado nos indica que, en sus inicios, el «presupuesto tradicional» tuvo como característica básica la utilización exclusiva de los gastos y su asignación a las unidades institucionales. Se fundamentaba en la concepción de que el presupuesto público era una herramienta solo para asignar y controlar el uso de los recursos financieros concedidos a las instituciones públicas.

Luego, en los años 60´ se empiezan a fundamentar las técnicas presupuestarias por programas, al visualizar el Estado con políticas activas y como responsable del desarrollo económico y de las políticas públicas.

Ese mecanismo de «presupuesto por programas» únicamente instituía un procedimiento tendente a vincular los objetivos, metas y políticas establecidas en los planes de desarrollo con las políticas, objetivos y metas presupuestarias. Así se rompió con el criterio tradicional de asignación de los recursos enfocados solamente en el gasto de cada institución.

Posteriormente, en los años 80´, nace la modalidad de «presupuesto base cero», el cual propuso justificar todos y cada uno de los gastos, dejando de lado la tendencia incrementalista tradicional del presupuesto. Después, en los años 90´, se dio inicio a la reforma de la administración financiera del Estado instituyendo profundos cambios en los procesos de administración y de los recursos financieros del sector público.

Sin embargo, la tendencia que impera hoy es el «presupuesto basado en resultados», expresado en una relación directa entre políticas públicas para definir la producción pública, enfatizando en los indicadores de impacto, y los bienes y servicios a producirse por parte de las instituciones públicas.

Es un modelo que postula que la gestión de las instituciones públicas debe orientarse a lograr los resultados que se persiguen, con los recursos presupuestados, y es de vital importancia para el éxito del esquema asignar claras responsabilidades para la obtención de dichos resultados.

La rendición de cuentas basada en presupuesto por resultados relaciona el modelo de gestión con cuatro aspectos relevantes, que son: la planificación pública; presupuesto orientado a prioridades de política; administración de recursos; y control de gestión (monitoreo y evaluación).

Aunque la Ley Orgánica de Presupuesto establece la evaluación física y financiera de la ejecución presupuestaria, este ejercicio se ve limitado por no contener el presupuesto información sobre la producción institucional y por haber fuertes déficits en los sistemas de información de las instituciones públicas sobre los bienes y servicios generados. Es por esto que la evaluación se limita al aspecto financiero y no aborda ninguna dimensión vinculada al desempeño.

Hemos encontrado distintas experiencias relacionadas con la implementación de las reformas legales tendentes a gestionar de forma eficiente el Presupuesto General del Estado, y por ahora, se evidencia la incorporación del «presupuesto por programas», mediante Decreto 492-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, dejando de lado y obviando las nuevas tendencias de asignación de recursos en la administración pública con el «presupuesto por resultados».

Es por esto que, previo a la rendición de cuentas del Presidente de la República, es propicio incentivar a los sectores económicos, sociales y políticos de la República Dominicana, y por supuesto, a cada ciudadano, a exigir una verdadera cultura en la gestión pública que adopte a plenitud un sistema de rendición de cuentas enfocado en presupuesto por resultados, y la necesidad de adaptar las políticas institucionales y el gasto público al logro de los objetivos y planes establecidos por el Gobierno.

Una nueva cultura ciudadana, más exigente y comprometida, debe valorar que el presupuesto por resultados es un método que instituye una gestión pública eficiente, sin embargo, compartimos el criterio de que si no modificamos los patrones de la actual cultura organizacional y los modos tradicionales de administración, se estará ante un nuevo esfuerzo de rendición de cuentas y veeduría social meramente formal.

Avanzar a una rendición de cuentas que revitalice el presupuesto por resultados implica adoptar un modelo que debe ser implementado en todas las instituciones públicas; ya que, al momento de ofrecer los bienes y servicios al ciudadano, el Estado debe asegurarse de que su actuación ha sido realizada con una delicada administración de los fondos públicos para un correcto seguimiento, evaluación y monitoreo.