En países con grandes avances institucionales, donde la prevaricación, el peculado, el soborno y otras prácticas aberrantes se castigan con drásticas sanciones penales, el servicio público ejercido con seriedad y sentido ético es muy apreciado como como una labor meritoria, útil  y honorable.

Durante décadas, en la República Dominicana la imagen del empleado público, sin importar su rango y la posición que ocupara, estuvo sumamente deteriorada por el llamado “macuteo”, un mecanismo utilizado para pedir y aceptar dádivas a cambio de agilizar o facilitar servicios en dependencias de la administración pública.

Se trataba no sólo de simples irregularidades, ya que al ignorar o violentar procedimientos, en ocasiones se incurría de hecho en abiertas violaciones a la ley y en delitos en perjuicio del fisco, especialmente en organismos recaudadores.

Esas prácticas no han sido totalmente erradicadas y en alguna medida persistirán por la tentación al dinero fácil y la ambición desmedida, pero es innegable que en algunas áreas del Estado se han logrado avances para el adecentamiento y el rescate de la imagen del servidor público.

Uno de los organismos donde se han registrado pasos notables hacia esa meta es la Dirección General de Impuestos Internos, principalmente con la selección de personal calificado, utilizando un sistema de búsqueda que está enfocado, entre otros aspectos, a un estudiado perfil de integridad que es retribuido con salarios dignos.

Hasta donde es materialmente posible, el exhaustivo estudio del historial de cada empleado y un  seguimiento de su comportamiento para detectar cambios en estilos de vida no acordes con los niveles de remuneración, es una fórmula atendible para lograr respetabilidad en el servicio público, porque un buen salario por sí solo no lo garantiza si la labor se ejerce sin observar valores o principios.

La forma en que opera la administración local de la DGII en San Carlos, donde el control cruzado a través de los comprobantes fiscales ha puesto a desfilar desde humildes contribuyentes hasta ensacados ejecutivos, es un ejemplo de lo que puede lograrse con empleados y funcionarios con una clara vocación de servicio que les permite desechar cualquier inclinación a medios indebidos.

Durante más de dos semanas en que día por día tuve que acudir en meses recientes para regularizar mi estatus de persona física en ese lugar, me requirieron mil papeles e infinidad de requisitos para poder cumplir con mis obligaciones, pero siempre con presteza y la información necesaria para facilitar el proceso y sin ninguna insinuación maliciosa de por medio, actitud que también observé en el tratamiento a otros contribuyentes.

Cumplir con el deber como Dios manda, y por lo que se les paga, es lo que corresponde y no tiene que ser ponderado, según algunas opiniones. En cambio, yo tengo otra idea y por eso, en mi corta pero ilustrativa experiencia, no puedo dejar de mencionar a Francisca Jiménez, Armenia Vásquez, Sonia Ortiz, Zaida Suárez, Cristiana Castillo y otras servidoras cuyos nombres no recuerdo, a las que vi actuar con igual espontaneidad, dinamismo y buen talante. El administrador local, Santiago Peralta, cuenta con un gran equipo humano.

Hay que seguir avanzando en la integración de servidores públicos idóneos, para que lo que ocurre en San Carlos no sea una aislada burbuja. Esto se logrará con educación y sanciones ejemplares a los funcionarios que incurran en corrupción, nepotismo o tráfico de influencia para obtener enriquecimiento ilícito.