Fue acertada la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de ley dirigido a crear un Ministerio de Energía y Minas y también fue muy atinado designar al frente de ese Ministerio al hasta entonces diputado Pelegrín Castillo, profesional idóneo, comprometido con el medio ambiente y el desarrollo de los recursos del país. Esperemos que esto sea la antesala para que el Estado Dominicano defina una política minera y una política energética.

La ausencia de una política en el subsector eléctrico por parte del Estado ha costado mucho a la competitividad, porque eleva los costos de las empresas por encima de sus pares de toda la región, penaliza a las familias que pagan el servicio y para colmo de males le cuesta al fisco y a los contribuyentes la nada despreciable suma de US$1,200 millones en promedio cada año en el subsidio. La luz al final del túnel parece ser la construcción de dos plantas a carbón por parte del gobierno, la reducción de las pérdidas, la renegociación de los contratos y la firma del Pacto Eléctrico.

Una política energética abarca el tema de los combustibles y la dependencia del petróleo importado. En 2013, a pesar de una caída de 9.0% en la factura petrolera en relación a 2012, alcanzó la suma de US$4,355.5, equivalente al 7.18% del PIB, suma nada despreciable que impacta en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿El país va a seguir quemando gasolina, gasoil y gas propano como combustibles principales para el transporte y la industria? ¿Vamos a estimular su sustitución por gas natural o los biocombustibles? Estas y otras preguntas debían ser contestadas con una política energética.

La política minera es también importante en un país con recursos probados que pueden, adecuadamente explotados, convertirse en una fuente formidable de empleos, divisas y progreso para las comunidades adyacentes a la explotación minera y la Estrategia Nacional de Desarrollo es muy clara cuando plantea: “Consolidar un marco normativo e institucional para la explotación minera que garantice el desarrollo sustentable de la actividad, la protección del interés nacional y la seguridad jurídica de la inversión, así como la agilidad, equidad y transparencia en los procesos de obtención de derechos de explotación y solución de conflictos”

En el tema minero el país no puede estar secuestrado por grupos ecologistas fundamentalistas que se oponen a todo tipo de explotación minera, aunque se compruebe no afecte de forma negativa el medio ambiente. Loma Miranda es un típico ejemplo de una explotación minera donde no se ha dicho la última palabra por parte del gobierno, donde faltan estudios concluyentes, sin embargo estos sectores, contrarios al progreso, han colocado a una parte de la opinión pública, incluyendo a sacerdotes y obispos católicos, en contra de la explotación en base a manipulación de la información y argumentos seudocientíficos.

Muy acertadamente el Ministro de Energía y Minas declaró esta semana que “la agricultura de montaña, el comercio de leña y carbón, el uso de pesticidas y otros químicos en productos agrícolas y la extracción de agregados de construcción de los ríos constituyen una mayor amenaza el medio ambiente que la minería”.

¿Ha escuchado alguna vez a un ecologista fundamentalista preocuparse por la depredación de nuestros bosques por dominicanos y haitianos para producir carbón y exportar para Haití? ¿Ha visto usted algún fundamentalista ambiental quejarse por el uso de pesticidas o por grandes empresas que contaminan nuestros ríos con desechos industriales?

Que la creación del Ministerio y la designación de Pelegrín Castillo sea la expresión de la voluntad política dirigida a establecer de manera definitiva una política energética y minera, por supuesto por consenso, para que sea agenda obligada de las próximas administraciones.