Apretados “como sardina enlatada” se celebran los juicios en los tribunales de la procuraduría fiscal de la provincia Santo Domingo. La  falta de espacio es un problema tan serio en este departamento judicial que, con frecuencia, ni siquiera  todas las partes envueltas en un caso, caben en los pequeños salones de las audiencias. En limitados estrados los jueces administran justicia, mientras amontonados en bancos pequeños se sientan los representantes del Ministerio Público, siempre aglomerados con los defensores de las víctimas, de los imputados y con actores civiles.

Paradoja

Agolpados en una reducida habitación, a la entrada del edificio, a donde diariamente acuden cientos de usuarios, están los departamentos de Propiedad Intelectual, Mediación Comunitaria, Oficina de Seguimiento a los Derechos de las Víctimas y dos secretarias de igual cantidad de tribunales. Las dos secretarias comparten un mismo escritorio. La crítica habitual es de que mientras en esta fiscalía la gente espera el desenlace de los juicios en los pasillos, de pie, los tribunales del Distrito Nacional disponen de  espacio suficiente y, la  Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene un edificio lujoso.  Quien visita  este centro, a donde se presentan los distintos hechos que ocurren en la provincia más poblada del país, se encuentra con que un departamento está integrado por un escritorio -con una computadora-, una silla  y un archivo.

A  veces no tienen espacio para colocar  dos sillas en las que esperarían turno  las personas que requieren documentos y entrevistas con los fiscales. Lo peor es que cuando el titular de un departamento llega la secretaria tiene que salir.

RD$100 millones

Cien millones de pesos seria la cantidad de dinero que debería destinar el Estado en lo inmediato para ampliar el Palacio de Justicia.  Sin embargo, autoridades estiman que lo correcto es construir un edificio nuevo, ya que el actual es alquilado y corren el riesgo de continuar apiñados. La SCJ paga el local, pero es calamitosa la condición en que se encuentra. Hasta cuatro fiscales  tienen que compartir las oficinas.