Carlos Peña 
A nadie le queda dudas de que el sistema de partidos políticos en el país atraviesa por uno de los momentos más negativos de las últimas cinco décadas, debido al nivel de descrédito en el cual han caído estas organizaciones, esto provocado por los altos niveles de corrupción e impunidad que desde las filas de los mismos se ha estado promoviendo consciente o inconscientemente.
Dicho esto compete a esas mismas organizaciones políticas crear las condiciones para colocarse en el corazón de los dominicanos como instituciones fidedignas y merecedoras de la participación de todos aquellos que ven en esas estructuras políticas los medios precisos y necesario para transformar la nación y servirle con entrega e integridad.
Sin embargo cuando la democracia misma le brinda la oportunidad al sistema de partidos para que éste se recicle, son sus mismos dirigentes los que con su inacción profundizan los cuestionamientos que de manera justa la sociedad hace a esos instrumentos creados por la democracia para administrar la cosa pública.
Tal es el caso de la ley de partido político y de garantías electorales que se conoce en el Congreso de la República, pues lo que pudo haber sido una oportunidad para democratizar los partidos políticos y adecentar el ejercicio de tan noble actividad, la Comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio de dichas piezas legislativas, como fieles representantes del Antiguo Régimen, la han convertido en una expresión más del gatopardismo político nacional consistente en cambiarlo todo para que todo siga igual.
La sociedad dominicana esperaba un nuevo código electoral que incluyera la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y que a cambio de esto sean sus miembros quienes a través de cotizaciones financien las operaciones de sus organizaciones políticas.
