POR CARMEN CARVAJAL
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantea la renegociación, por parte del Estado de algunos contratos vigentes en el sector eléctrico y la revisión del Acuerdo de Madrid. La revisión de los contratos busca una reducción de la tarifa de cuando menos un centavo de dólar en el kilovatio. También se plantea explorar opciones para introducir mayor competencia en el mercado de generación.

La Carta de Intención presentada por el Gobierno dominicano al Fondo Monetario Internacional, dedica un capítulo al sector energético. En este, el gobierno se compromete a ejecutar algunas acciones que garanticen la sostenibilidad del sector energético.

Las autoridades esperan que el acuerdo stand by con el FMI sea firmado este lunes, en Washington.

A continuación, el texto completo del capítulo dedicado al sector eléctrico en la Carta de Internción.

C. SECTOR ENERGÉTICO

A pesar del reciente considerable aumento de la tarifa eléctrica, las finanzas del sector energético permanecen bajo presión debido a las altas pérdidas en la distribución, las bajas tasas de cobro de facturas, los altos precios de importación de combustibles y las dificultades financieras del gobierno para hacer transferencias al sector. Como resultado, el sector ha venido generando pérdidas importantes – que, en ausencia de medidas correctivas, estarían en exceso de US $600 millones anualmente – lo que conduce a largos apagones y escasez de electricidad a nivel nacional que han sometido a la población a grandes penurias. Además, los subsidios energéticos le han creado una carga pesada a las finanzas públicas, reduciendo así la capacidad del Gobierno para satisfacer otras necesidades sociales importantes.

Para abordar la crisis del sector de electricidad, el gobierno ha desarrollado un plan amplio de reforma del sector energético, en consulta con el Banco Mundial, el BID y la USAID. Este plan tiene el propósito de reducir sustancialmente a corto plazo el déficit del sector y asegurar su viabilidad financiera a mediano plazo. Como primer paso, el 6 de enero de 2005 el Presidente designó una comisión de alto nivel para garantizar la puesta en ejecución estricta y oportuna del plan y pronto lanzará una campaña por los medios de comunicación para explicar la estrategia a la población. El desafío más importante descansa en la estabilización del suministro de electricidad, una condición necesaria para mejorar las tasas de cobranza. Para este fin, y para evitar una carga excesiva a las finanzas públicas, el gobierno procurará satisfacer cerca del 70 por ciento de la demanda diaria de electricidad. El plan a corto plazo incluye un calendario para:

Mejoramiento del índice de recuperación de efectivo de las compañías de distribución mediante la reducción de las pérdidas de las líneas de transmisión a alrededor de 30 por ciento y el mejoramiento de las tasas de cobranza a cerca de 90 por ciento hacia finales del año 2005. Si bien mantener estos niveles requerirá mejorías en la administración de las compañías de distribución y una lucha decidida contra el fraude, estos estándares de desempeño fueron alcanzados por el sector en épocas tan recientes como la segunda mitad del año 2002.
Aumento del promedio de ingresos de las compañías de distribución en cerca de 30 por ciento (en términos de dólares de EUA) con relación a septiembre de 2004, a ser logrado a través de una mejor asignación de subsidios, enfocándose en consumidores que usan menos de 200 KWh por mes y de ajustes a las tarifas para el resto de los consumidores. Para lograr este propósito, en octubre y noviembre de 2004 se implementaron ajustes a la tarifa con promedio de 9.3 por ciento, y se considerarán más ajustes si fuera necesario, para asegurar el cumplimiento con los objetivos del plan. De forma simultanea, el gobierno evaluará el Programa para la Reducción de Apagones, PRA, y siguiendo sus recomendaciones, en septiembre de 2005 se implementará un nuevo programa para mejorar la focalización y eficiencia de este subsidio.
Mejoramiento del marco regulador. Para febrero de 2005, la regulación de la tarifa asegurará que las fluctuaciones en la tasa de cambio y en los precios del petróleo se reflejen automáticamente en la tarifa final al consumidor, con un desfase de sólo un mes. Para marzo de 2005 se promulgarán regulaciones para facilitar y agilizar la detección y reducción de fraudes.
Renovación del monto de los atrasos con los operadores privados. El gobierno se mantendrá al día en los pagos del interés de su deuda con las partes privadas del sector, si bien se espera que el principal sea renovado. Además, el gobierno se mantendrá al día con relación al pago de su propio consumo de electricidad.
Administración del racionamiento del suministro de electricidad. El racionamiento de la energía será administrado mediante un esquema que recompensa a las áreas donde las pérdidas por distribución sean menores y la recaudación sea mayor, con miras a inducir a una mejor cultura de pago. En la medida en que el déficit del sector declina, el promedio de suministro puede aumentar por encima de la meta del 70 por ciento de la demanda.
Reducir el costo de generación de electricidad. El gobierno planea renegociar algunos contratos de suministro de energía, que podía dar por resultado una reducción potencial del precio de cerca US $0.01 (un centavo) por hora/ kilovatio. Se realizará un estudio para revisar los términos sobre el Acuerdo de Madrid y explorar opciones para introducir mayor competencia en el mercado de generación.

La implementación exitosa de este programa reducirá el monto de apoyo necesario del sector público a US$350 millones durante el año 2005. Comenzando en enero, el comité alto nivel emitirá un informe público mensualmente, comparando los resultados de desempeño con los objetivos del plan, en particular respecto a la evolución del índice de recuperación de efectivo y las transferencias públicas al sector. En caso de ejecución inadecuada, el comité decidirá sobre la implementación de un plan de contingencias, en consulta con el Banco Mundial. El principal elemento del plan de contingencia, que se está desarrollando, incluirá la participación del sector privado en la administración de las compañías estatales de distribución. El gobierno finalizará las auditorias financieras de estas compañías en septiembre de 2005.