La red pública de locales escolares no está en su mejor momento. El año lectivo comenzó en medio de una coyuntura de reparaciones sin concluir y con importantes núcleos del estudiantado fuera de cupo. Tardanza en rehabilitar escuelas, dándose a entender que no existía un plan B de provisionalidades para atenuar el vacío que deja a centenares de niños y adolescentes sin sitios para clases. Ahora se va a la carrera a alquilar edificaciones privadas que no necesariamente son aptas por su diseño, para docencia: y la genial idea de habilitar aulas móviles llega cuando ya se entra de lleno al período de clases.
No parece que el Ministerio de Educación pueda cumplir su compromiso de sentar, desde un principio, a cada estudiante en su respectivo pupitre. Lo peor sería que las consecuencias de las imprevisiones y retardos deban ser enfrentados bajo presión de un sector del magisterio que va fácilmente a la pelea y a las protestas sindicales que agravarían el desamparo de los excluidos cuando lo que procede es compartir constructivamente el uso de los espacios disponibles mientras se agilizan alternativas con ayuda de otros organismos del Estado. Habilitar con buena voluntad las tandas extendidas de los planteles que estén en buena condición para alojar provisionalmente alumnos de los locales fuera de servicio en un país en el que no sorprendería ver árboles cobijando muchachos ansiosos de aprender.

Nagua recela del clima feroz

Por su relieve y baja altitud, el municipio de Nagua es vulnerable a crecidas y oleajes que tienden a penetrarlo. Protegerse de las veleidades del agua obligaría a construir un muro ribereño y un malecón de escudo hacia el Atlántico. El ayuntamiento no tiene dinero para esas obras de protección porque ya antes recibió el «tsunami» seco disparado por el Poder Ejecutivo con recortes presupuestales. En diez años, ha recibido la misma partida como si la ciudad no creciera en necesidades y desafíos.
Nagua va bien con su acueducto, cuerpo de bomberos, cementerios y el asfaltado céntrico, pero el alcalde Alfredo Peralta no cesa de preocuparse por más de 600 familias que habitan bordes fluviales y marinos de alto riesgo y capacidad de sorprender a los humanos. Reubicarlas tendría un costo que sus magros fondos no pueden cubrir.