Después de haber sido condenada a pagar US$30 millones al Estado dominicano en un tribunal de arbitraje internacional en Francia, la empresa Haina Investment Company no debe seguir administrando la Empresa de Generación Eléctrica de Haina, EgeHaina.

Como recordarán, el Estado dominicano es el propietario de más del 60% de las acciones de EgeHaina. Sin embargo, esta empresa eléctrica es administrada por el socio privado que posee minoría de acciones, amparado en los contratos originados del funesto proceso de capitalización de la empresa pública ejecutado por el primer Gobierno del expresidente Leonel Fernández.

La historia del Estado dominicano con sus socios privados en ciertas empresas, no ha sido para nada favorable. Ha sido una historia de engaños, distracción de utilidades, reducción del provecho estatal, privatización de ganancias y estatización de las pérdidas, cubiertas casi siempre con leyes, resoluciones y disposiciones administrativas con las que se crean subsidios, tasas, arbitrios, etc., en provecho de los empresarios y en detrimento del erario.

Los casos de perjuicio al Estado dominicano por parte de sus vinculados privados en el sector empresarial han sido muchas, por solo mencionar algunos casos: Gulf and Western, Smith and Enron, AES, Barrick Gold, Odebrecht y recientemente Haina Investment Company.

Aunque las autoridades dominicanas no han dado a conocer íntegramente el contenido del laudo arbitral que condena a Haina Investment Company al pago de US$30 millones al Estado dominicano, tampoco han informado cuándo y cómo esa empresa devolverá esos recursos al pueblo dominicano y en qué serán utilizados.

Particularmente me gustaría que el Estado dominicano reasuma el resto de las acciones de EgeHaina, propiedad hoy de la ya condenada Haina Investment Company, pero en caso de no ser esto posible, pues que el Estado tome también la administración de esa importante empresa de generación eléctrica.