CHIQUI VICIOSO
He leído con sumo cuidado el editorial del periódico El Nacional del 2 de octubre: “La Sentencia”, el cual se refiere al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de condena a la República Dominicana al pago de una indemnización de 22,000 dólares a favor de dos niñas, de origen domininico-haitiano, Dilicia Jean y Violeta Bosico, y de sus madres, por negarles sus actas de nacimiento.

Creo que mis artículos haciendo un llamado contra la xenofobia en relación con los y las inmigrantes haitianos son  de todos y todas conocidos, es decir, que lo que voy a escribir ahora no puede interpretarse como un cambio de parecer frente a lo que debe normar nuestra relación con inmigrantes a nuestro país, sea cual sea su procedencia.

Somos, siempre lo repito, un país de emigrantes y no podemos negarle a nadie lo que exigimos para nosotros y nosotras allende nuestros mares.

En el caso de esta condena, empero, debo decir que no se escucharon ni investigaron todos los esfuerzos que hace nuestro país en relación con la masiva inmigración haitiana,  esfuerzo que ejecutan de manera honrada y humanitaria miles de dominicanos y dominicanas, todos los días.

Para muestra un botón:

La atención a nacionales haitianos en nuestras instalaciones de salud le cuesta al presupuesto de la SESPAS del Estado Dominicano unos cincuenta millones de pesos al año. Un ejemplo son las estadísticas que un solo hospital, el Cabral y Báez de Santiago, ofrece sobre la atención a adolescentes entre 13 y 16 anos de edad que están embarazadas, cifra mensual  que asciende a unas quinientas usuarias, de las cuales aproximadamente la mitad son de origen haitiano. Esto sin contar los programas de lucha contra el SIDA y otras epidemias relacionadas con la practica sexual, donde los costos de seguimiento a las víctimas, en particular del SIDA, se disparan, cuando no hay un seguimiento por la movilidad de los migrantes, de cuarenta dólares por paciente a cuatro mil.

En el caso que nos concierne, el de niños y niñas indocumentados, ya me tocó a mí en Ginebra, durante la presentación del informe de país sobre los derechos humanos de la infancia, explicar que el problema de la indocumentación de niños y niñas al nacer, no se debe al racismo, ni contra los haitianos ni ninguna otra nacionalidad, sino a una práctica cultural a nivel popular y campesino que data de siglos y que abarca tanto a la población dominicana como haitiana. De hecho era una práctica declarar a las niñas tarde y quitarle dos años, para que pudiesen alardear de ser más jóvenes.

En ese sentido diferentes estudios estadísticos del Programa de Apoyo a los Dominicanos sin Documentación, en el marco del Préstamo de Inversión en la Protección Social: PIPS-BM-Gobierno Dominicano, de mayo del 2005, página 7, señalan que el porcentaje de indocumentados en nuestro país debe estar fluctuando entre un 20 y 30 % de la población total, estando el problema más acentuado en las poblaciones que se encuentran bajo la línea de extrema pobreza.

Otros datos de la ENDESA del 2002, señalan que existe en el país una población de 395,932 niños y niñas menores de 14 años que no han sido declarados oficialmente por sus padres. La Secretaría de Educación, a través de su Departamento de Orientación y Psicología hizo un llamado público en el 2002 para la inscripción de niños y niñas sin actas renacimiento, y realizó un censo en sus escuelas detectando unos 63,595 niños y niñas, la mayoría dominicanos, sin actas de nacimiento.

Lo resultados del llamado, y de varios operativos realizados por instituciones gubernamentales y no-gubernamentales de la sociedad civil, han sido muy efectivos. En los casos identificados en las escuelas solo en el 2003 se logró registrar a 7,617 niños y niñas, y en lo que va de este año las cifras superan los quince mil niños y niñas. A través de los operativos de las ONGs del sector niñez, especialmente los operativos organizados por el CEDAIL, Visión Mundial y Plan Internacional, entre otros, se logró en solo 37 meses declarar a unos 36,000 niños y niñas.

Para el logro de estas cifras se elaboraron dos campañas de sensibilización social para las familias y autoridades responsables, dirigidas a prevenir nuevos casos declarando a los niñas y niñas a tiempo.

Además, reconociendo que uno de los escollos históricos para la obtención de actas de nacimiento ha sido la imposibilidad de acceso oportuno de las madres a las oficinas de registro, se han habilitado servicios de declaración en las principales maternidades del país, asegurando de esa manera la declaración oportuna de los nacimientos. Actualmente hay 40 centros de este tipo en hospitales y están con posibilidad de ser aumentados en un 60%. En el año 2003, solo a través de estas delegaciones de la Junta Central Electoral se logró la obtención de partidas renacimiento para 72,787 niños y niñas.

¿Qué quieren decir estas cifras?

Que la carga institucional y económica de atender a una población en necesidad extrema, como lo es la haitiana, muchas veces a expensas de la atención a la población dominicana marginal (a los hospitales fronterizos no asisten los y las dominicanos, solo la población haitiana) los está asumiendo el Estado Dominicano, al margen de todos los discursos de las elites haitianas, y de los países que hoy tienen intervenido al hermano país de Haití.

También quieren decir que a la hora de condenar un país por dos casos hay que tomar en cuenta los millares de casos contrarios, en este caso de documentación de niños y niñas al nacer, de ambas nacionalidades, y que ha llegado la hora del que el Estado Dominicano enfrente esta situación de manera conjunta y gallarda y le diga a las tres potencias que han asumido la tutela del Estado Fallido de Haití que no tendríamos ningún problema en proveer los servicios de salud y educación para los y las emigrantes de origen haitiano si ellos cubren los gastos y si, además, se reconoce la labor humanitaria que durante décadas viene realizando nuestro personal médico, y educativo, al margen de la alharaca de la extrema derecha nacionalista dominicana que solo sirve para desacreditarnos internacionalmente, y justificar las irresponsabilidades en ambos lados de la isla…

Es innegable que hay muchos pichones de Trujillo por ahí, pero hay centenas de millares de dominicanos y dominicanas que trabajan todos los días con esta situación, sin distinción de nacionalidad, credo ni raza, para quienes la prioridad es el ser humano, y para quienes este dictamen es una injusticia y un coger los mangos bajitos de parte de los verdaderos responsables de este desastre humanitario que se llama Haití.