“Si la OEA no puede asumir el liderazgo en Haití, entonces, ¿Cuál es su función?”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el pasado 19 de mayo. Y añadió: “Si alguna vez existiera una crisis regional en la que se esperara que una organización pudiera intervenir y aportar una fuerza o un grupo de países que, trabajando en conjunto, ayudaran a resolverla, esa organización sería la OEA”.

La reacción no se hizo esperar. El nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, afirmó que la estabilización de Haití será la prioridad de su gestión en el corto plazo. Mientras diversos sectores definen su postura, ya se están tomando medidas concretas que preparan el terreno con ese fin: la administración ha declarado terroristas a los líderes de las bandas responsables del caos, la inseguridad, la pobreza extrema y la hambruna. Además, la justicia haitiana ha procedido a bloquear sus cuentas bancarias. Y el trabajo apenas comienza.

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La estabilización de Haití exige un compromiso regional para su pacificación y posterior reconstrucción institucional, mediante organismos funcionales y creíbles, de modo que el país deje de ser una pesadilla para convertirse en un dulce sueño, alimentado por una sociedad capaz de revertir su caída al abismo y encaminarse por senderos de progreso.

En 2024, el producto interno bruto (PIB) de Haití —que no alcanza los 20,000 millones de dólares— se contrajo un 4.2 %, acumulando seis años consecutivos de retroceso. El PIB per cápita se sitúa entre los más bajos del mundo, ubicando al país en el puesto 151 de un total de 196, lo que refleja las duras condiciones de vida de su población.

Según el Banco Mundial, en 2024 el 64 % de los haitianos vivía con menos de 3.65 dólares al día, mientras que la inseguridad alimentaria aguda afectaba a 5.4 millones de personas; de ellas, dos millones están en niveles de emergencia y al menos 6,000 en niveles catastróficos. Revertir esta situación y mejorar la calidad de vida de los haitianos constituye un desafío regional, cuya superación también contribuiría a reducir las presiones migratorias de quienes huyen del país para no morir de pie.

Ese “dulce sueño” podría extenderse a la vecina República Dominicana, cuyo comercio con Haití, actualmente en torno a los 1,000 millones de dólares, podría quintuplicarse en pocos años, abriendo, además, nuevas oportunidades de inversión para empresarios dominicanos en territorio haitiano.