No parecería que palmo alguno del territorio haitiano escape a la truculencia de individuos apandillados con metralletas y fusiles en manos que imponen su voluntad incursionando sobre zonas para extorsionar a nativos y extranjeros.
Los tentáculos de las bandas en desenfreno -de acuerdo a un reporte periodístico de todo crédito del Listín Diario- llegan con su poder de fuego y fines criminales a los bordes de la República Dominicana, en los que imponen su capacidad de agredir desde el tráfico ilegal de inmigrantes convertido en su gran negocio.
Esquilman a sus compatriotas imprimiendo intensidad a una infiltración que utiliza a seres humanos como mercancía, amenaza la soberanía nacional y aumenta la posibilidad de que las fricciones entre los dos países desemboquen en tragedias con enfrentamientos armados.
Con justa alarma, el Gobierno dominicano ha logrado, en consideración a una grave realidad, que los cancilleres de los 22 países iberoamericanos unieran sus voces para reclamar a la comunidad internacional emprender esfuerzos por solucionar la crisis haitiana.
Ningún suelo de América puede estar constituido en coto para agresiones sin límites a los derechos humanos, al orden democrático y a la convivencia internacional por los que deben velar los tratados multilaterales.
La indiferencia de los gobiernos desobedece los imperativos y compromisos jurídicos con la paz y la seguridad suscritos por los Estados.