Este diario insertó dos informaciones escalofriantes el 28 y 29 de octubre último, en las cuales ilustra en relación a la pasmosa desertificación que ocasiona el vecino estado de Haití a nuestro país.

Conforme a un estudio dispuesto por la Secretaría de Medio Ambiente, elaborado por el consultor Humberto Checo, nacionales haitianos residiendo ilegalmente en el  país, en connivencia con dominicanos inescrupulosos, incluidos militares de todos los rangos, contribuyen a depredar bosques en formación de desierto de aromas, bayahondas y cactáceas en la provincia de Barahona e Independencia que involucran 37 mil sacos mensuales.

Esa depredación increíble produce unos RD$89 mm al año en 19 comunidades de esas provincias, pero HOY del 29 también reseña que en Villa Altagracia nacionales haitianos sin documentación incurren en desmontar árboles sin permiso de Foresta, para los mismos fines.

Resulta inconcebible que Medio Ambiente conducido por el doctor Rafael David Fernández Mirabal, cultor de la conservación de las reservas boscosas que aún nos quedan, menos de un 8% de un 35% en 1961, no hubiese dispuesto un freno a tiempo a esta barbarie que nos amenaza tanto como la inmensa invasión pacífica de haitianos que muchos estiman sin exagerar en dos millones.

El hecho de que Haití sea nuestro segundo socio a quien le vendemos US$600 mm al año no debe obstaculizar aplicar la Ley 285-04 que regula la política migratoria del Estado dominicano, que se incumple, ni consentir que nacionales haitianos depreden nuestras reservas boscosas, además de la mendicidad de niños y mujeres embarazadas.

Como que lo demasiado es mucho  debe iniciarse una política clara, sin excesos, atendiendo al espíritu de la ley y de nuestras facultades soberanas y límites económicos.