Siempre hemos pensado que para poder hacer un cambio societal, por difícil que sea, lo más importante es comprender su causalidad. A muchos se les hace difícil reconocerlo o siquiera ponderarlo, porque es más fácil buscar los ángulos o áreas donde se sienten cómodos, ya que de lo que se trata para estas personas es de sus  posturas personales para satisfacer sus egos, en vez de encontrar soluciones efectivas que redunden en un beneficio colectivo.

Poniendo esto en el contexto del debate alrededor de la Sentencia 168 sobre los criterios de atribución de la nacionalidad dominicana, algunos quieren centrarlo exclusivamente como una cuestión “jurídica”, “dominicana”, o circunscribir las soluciones que se emprendan al territorio del lado este de la isla La Española. Claro que sería la solución más fácil para todas las partes envueltas centrar su solución y discusión en la República Dominicana, sin querer cambiar el “origen” de esta problemática, que no es más que la disfuncionalidad del Estado-nación haitiano, y dentro de ésta, las múltiples violaciones de derechos fundamentales que sufren los nacionales haitianos en su propio país, como lo es la carencia cuasi-absoluta de documentación básica de su población. Pero esto es tan solo la punta del iceberg del problema y es por eso que queremos hacer una reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Haití, la cual servirá para apreciar someramente lo que sufren a diario nuestros vecinos, que debe servir de insumo para la conformación de las políticas exterior y de seguridad nacional del Estado dominicano.

Nuestra reflexión no está basada en trabajos e informes dominicanos, ya que parece ser que todo lo que venga desde RD en estos días con relación a Haití, inmediatamente se le quiere denostar con palabras como “racista, xenófobo, trujillista, nazi-fascista, genocida” y todos los calificativos provenientes de aquellos que viven en un estado de negación permanente de la realidad de la nación haitiana.

Por tanto, nuestra reflexión y llamado de alerta a todos los actores internacionales y nacionales que tienen incidencia en Haití, está basado en datos interesantes que han resaltado instituciones internacionales tales como Human Rights Watch (HRW), el International Crisis Group y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que permiten tener una perspectiva del “cuadro clínico” de los derechos humanos del lado oeste de la isla La Española. Por razones de espacio, vamos a concentrarnos esencialmente en la parte judicial y su impacto en otros derechos fundamentales, los cuales aun así son representativos de la situación calamitosa que, en sentido general, existe en Haití respecto a esta temática. Veamos:

1. Según todos los informes preparados por estas organizaciones, los principales obstáculos que actualmente evitan la mejora de la situación de los derechos humanos de la población haitiana son la inestabilidad política, los efectos del terremoto de 2010, la persistencia de la letal epidemia del cólera[1]. Respecto a la inestabilidad política, llama poderosamente la atención la carta remitida por el presidente del Senado haitiano, Simon Dieuseul Desras, a su homólogo chileno, Jorge Pizarro, solicitando que “tropas chilenas asuman un rol contrario al gobierno” del presidente Martelly, lo que muestra que tan estable políticamente es Haití hoy en día[2];
2. La crisis del sistema de justicia haitiano es endémica, o en otras palabras, está afectada de una pandemia que irradia a todos sus componentes. Así vemos que tan solo Puerto Príncipe, ha tenido siete procuradores fiscales desde que el presidente Martelly asumió el poder en mayo de 2011. La politización de la justicia, en adición de la corrupción rampante en ella, la hacen más ineficiente y lenta. Un ejemplo lo es el caso del procurador fiscal Jean Renel Senatus, quien fue despedido en septiembre de 2012 por negarse, según sus propias declaraciones, a cumplir con el pedido del ministro de Justicia, Jean Renel Sanon, a emitir 36 órdenes ilegales de arresto contra opositores al gobierno de Martelly, incluyendo tres prominentes abogados defensores de los derechos humanos[3];
3. Acorde a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Haití, las autoridades haitianas han hecho muy poco progreso en las investigaciones de las muertes extrajudiciales, arrestos arbitrarios y malos tratos contra los detenidos por la Policía Nacional Haitiana (PNH);
4. La crisis del sistema judicial también afecta y se refleja en la crisis del sistema penitenciario, el cual sigue siendo altamente poblado, en gran medida como consecuencia del alto número de presos preventivos y la alta concentración de internos en celdas y prisiones, desbordando la capacidad de alojamiento. Una pequeña muestra, lo es la prisión de St. Marc, al oeste de Haití, donde 36 internos ocupan una celda de ocho, por lo que deben hacer turnos para dormir y sentarse en la pequeña celda[4];
5. Observadores de la ONU han indicado que aproximadamente el 70% de los prisioneros y detenidos sufre de carencia de higiene básica, malnutrición, pobre asistencia médica, y enfermedades relacionadas al uso de agua contaminada;
6. En adición, el sistema penitenciario no se ha recuperado de los efectos devastadores del terremoto de 2010 que dañó las principales instalaciones en Carrefour, Delmas, Arcahaie y la Penitenciaria Nacional de Puerto Príncipe. Para Octubre de 2012, las autoridades han recapturado a menos de 750 prisioneros de los más de 5,000 que se escaparon después del terremoto[5];
7. El Departamento Correccional, que forma parte de la Policía Nacional Haitiana, estima que hay  aproximadamente nueve mil 400 prisioneros en las cárceles de Haití. Bajo los estándares locales, las capacidades de alojamiento en las prisiones estaban trabajando 300% más de lo que pueden; sin embargo, observadores internacionales estiman que la sobrepoblación carcelaria es significativamente peor si se evalúa bajo los estándares internacionales[6];
8. La prisión preventiva sigue siendo un serio problema. Las estadísticas disponibles no incluyen la gran cantidad de presos detenidos en estaciones policiales alrededor de Haití por un período superior de las 48 horas máximo que pueden ser detenidos, en caso que no se le pase causa judicial. La Policía Nacional Haitiana estima que el número de presos preventivos es de aproximadamente seis mil 200, de una población carcelaria de alrededor de nueve mil 400. De los seis mil 200, aproximadamente un tercio, ha sido encarcelado por un año o más. La gran mayoría de los detenidos nunca han consultado a un abogado, han aparecido frente a un juez, o se le han indicado el tiempo que estarían detenidos[7];
9. Respecto a los “stateless persons” o traducido al español “los apátridas”, el informe del Departamento de Estado indica que el “sistema de registro civil haitiano es disfuncional que no contiene estimados confiables sobre la cantidad de personas que no tienen ningún tipo de documento. Los dos grupos principales en estado de riesgo son los haitianos inmigrantes indocumentados, que no tienen acceso a cualquier documentación en el exterior, así como también sus descendientes que no hayan adquirido la nacionalidad del país receptor, pero estén bajo el riesgo de que se le quite la nacionalidad haitiana bajo la presunción de que si tienen otra nacionalidad. Las reformas constitucionales aprobadas en junio de 2012 incluyeron la abolición de la prohibición de la doble nacionalidad, que redujo enormemente el peligro de apatridia que sufrieron en el pasado los nacionales haitianos con derecho a doble nacionalidad.”[8]
10. El gobierno haitiano no registra todos los nacimientos inmediatamente y no mantiene estadísticas respecto al número de nacimientos no registrados cada año;
11. En cuanto a los derechos de la mujeres, Haití, según Human Rights Watch, ha sufrido siempre de altos índices de violencia sexual, lo cual se ha agravado después del terremoto de 2010, dejando a un número significativo de mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad. Las víctimas de asaltos sexuales encuentran serias dificultades para acceder al tratamiento post-violación que ayude a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual;
12. Respecto a los derechos de los niños, Haití tiene el segundo lugar a nivel mundial de trabajo infantil en situación de “esclavitud moderna”, según fue dado a conocer por el Índice de la Esclavitud Global preparado por la Fundacion Walk Free[9]. El drama lamentable de los “restaveks”, niños utilizados en labores domésticas, de los cuales el 80% son niñas, es muy preocupante. Estos niños son enviados desde hogares de extrema pobreza a hogares de condiciones socioeconómicas mejores, con la esperanza de que puedan estudiar y tener otras oportunidades, como contraparte a las labores que realizan. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch y la BBC Mundo, no se les paga, se les niega el acceso a la educación y son abusados física y sexualmente;
13. La impunidad sigue siendo un reto permanente del sistema judicial en Haití. Sin entrar en los casos pendientes contra los abusos cometidos en los gobiernos de Prosper Avril, Henry Namphy, Raoul Cédras y Jean Bertrand Aristide, un ejemplo reciente de impunidad lo constituye el caso del ex presidente Jean Claude “Baby Doc” Duvalier, quien retornó a Haití en enero de 2011, después de casi 25 años de exilio. No hay que recordar los crímenes y abusos cometidos contra el pueblo haitiano por la larga dictadura duvalierista de padre e hijo, para sorprenderse del fallo dado por el juez que conocía la causa judicial contra Baby Doc por crímenes financieros y violaciones de derechos humanos, el cual fue descargado por “tecnicismos procesales”;
14. Ni siquiera la MINUSTAH escapa a las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Las acusaciones de abusos sexuales y explotación sexual cometidas por tropas que conforman parte del contingente de la MINUSTAH, han contribuido a deteriorar la imagen de la ONU en general, y la MINUSTAH en particular, dentro de la población haitiana. Acorde a la propia ONU, por lo menos 60 acusaciones de abuso sexual se han hecho contra las fuerzas que conforman la MINUSTAH, en los últimos cinco años. En el 2012, varios miembros del contingente paquistaní fueron acusados de violar a un niño de 14 años de edad. Las autoridades de Pakistán sometieron a una corte marcial a dos de ellos en una base de la ONU en Gonaïves[10], sentenciando a ambos a un año de prisión en Pakistán. Las autoridades haitianas no fueron notificadas hasta después del final del juicio de la corte marcial. Asimismo, es penoso recordar el lamentable episodio, filmado inclusive, de efectivos uruguayos abusando sexualmente del joven haitiano Johnny Jean atado de pies y manos[11].
15. Y junto a todo este “cóctel de violaciones”, no se puede dejar de mencionar la alta criminalidad que afecta a Haití en general, influida por la incapacidad de la Policía Nacional Haitiana de controlarla, la crisis estructural que afecta al Estado-nación haitiano, las bandas políticas que proliferan, y las bandas ligadas al tráfico de estupefacientes, lo que ha llevado en varias ocasiones al Departamento de Estado a poner a Haití dentro de la lista de países con “travel warnings” o en alerta de viajes para sus ciudadanos[12].

De una lectura integral de estos elementos que muestran un récord tétrico de violaciones de derechos humanos a nivel judicial y en otros renglones en Haití, en el presente y en el pasado reciente, se puede deducir que todos los actores internacionales y nacionales  que influyen en la dinámica haitiana, tienen mucho trabajo pendiente en aras de aminorar esa realidad que afecta a la República Dominicana directamente, ya que no se puede negar que el mayor flujo de emigrantes haitianos vienen hacia territorio dominicano porque es el espacio más cercano y “poroso” donde pueden entrar, así como también, por ser la principal válvula de escape al infierno dantesco de los derechos humanos en Haití.

¿Qué gran contribución harían los países miembros del CARICOM si en vez de repatriar o bloquear a los haitianos de llegar a sus territorios, abrieran sus fronteras para que los haitianos puedan llegar como “refugiados contra los abusos de derechos humanos en su propia tierra”? ¿Por qué el gobierno del presidente Martelly, que es tan raudo para defender a los descendientes de haitianos en el exterior, y en contribuir de manera subrepticia y abierta para condenar a la República Dominicana por “violaciones masivas de derechos humanos contra los dominicanos de ascendencia haitiana”, no pone ese mismo énfasis en dotar a su población de la documentación necesaria tanto en Haití como en el exterior, que ayude a poner la “primera piedra” del “gran edificio” que se necesita construir en Haití en esta materia?

La República Dominicana tiene un largo camino que recorrer para garantizar los derechos fundamentales de toda la población que habita su territorio, no tan solo de un segmento poblacional. No obstante, esto no evita que tomemos conciencia del “origen” del problema migratorio que tenemos con nuestro vecino, asimismo, de que el Gobierno dominicano utilice un poco el sentido común para hacerle ver al Gobierno haitiano que su “energía, vigor, y pasión” para la protección de sus nacionales y descendientes en el exterior, es urgente en el territorio de Haití.

¿O es que en Haití los problemas de los derechos humanos están mínimamente resueltos, que su Gobierno puede dedicarse en cuerpo y alma a defender a sus nacionales fuera?

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