Debemos partir del postulado, que la República de Haití, en tanto que país soberano, tiene potestad absoluta para tomar todas las medidas que crea necesarias o convenientes para salvaguardar, no solo el dominio nacional, sino todas aquellas acciones o maniobras tendentes a proteger a sus ciudadanos de cualquier hecho que sus autoridades consideren lesivo o perjudicial para ellos o al mismo Estado.

   La semana pasada criticamos acremente una grotesca y desconsiderada caricatura de nuestro Presidente para justificar que en el país tenemos la gripe aviar y no la AH1N1 como se ha informado, lo cual es avalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  Esto motivó que las autoridades haitianas impidieran la entrada de productos cárnicos, avícolas y huevos frescos desde la República Dominicana por los diferentes mercados fronterizos, artículos que, hasta esta perniciosa declaración habían comercializado activamente los negociantes de ambos países.

   Creemos que el Gobierno Haitiano se encuentra en una encrucijada.  Por un lado, la prohibición de estos productos implicaría la importación de los mismos procedentes de otros orígenes, los cuales saldrían más caros, ya que se necesita pagar un transporte aéreo, refrigerado y en dólares, mientras que el nuestro se efectúa por vía terrestre e inclusive a veces por medio del trueque y en pesos dominicanos.  Estos provienen en su mayoría, de las remesas que envían los trabajadores haitianos residentes en el país a sus familiares.  El problema se suscita en la desigualdad que impera en el intercambio comercial entre ambos países, admitiendo que el mismo es muy favorable a la República Dominicana.

   Han sido escenas muy crueles las efectuadas por las autoridades fronterizas haitianas, al matar los pollos y echar por la baranda del puente internacional, los cartones de huevos.  La exasperación reflejada en el rostro de aquellos que fueron víctimas de tales arrebatos y su total indefensión, debe ser un aviso de que podrían efectuarse movimientos desesperados proclives al contrabando.

   Ahora bien, el Estado Haitiano tiene todo el derecho a tratar de corregir ese desbalance comercial otorgando facilidades a sus agroempresarios para producir in situ, lo que ahora se importa de Dominicana.  Debemos recordar que algo similar ocurrió en la India cuando ese país recibía de los Estados Unidos de América los excedentes de trigo por intermedio de la Ley PL-180.  Las autoridades de la India comprendieron que si sembraban el trigo en su territorio, no tenían que depender de esa “generosa ayuda” y así lo hicieron.  Hoy, ese país asiático produce, no solo el trigo para abastecer su inmensa población –más de un millón de habitantes- sino que exporta a sus vecinos el excedente.  Al parecer, Haití quiere seguir esta línea, con la salvedad, que no tienen un gran territorio, ni tampoco, personas  capacitadas como los hindúes. El ejemplo anterior significa que tarde o temprano, los dominicanos debemos acostumbrarnos a un aumento de la producción local y una eventual disminución de nuestras exportaciones.

 Una prueba fehaciente de que Haití se está preparando para independizarse económicamente y en la producción de alimentos es el hecho de que en el Instituto Superior de Agricultura  (ISA) de Santiago, de 370 estudiantes extranjeros hay 70 haitianos que estudian Agronomía, carrera que los dominicanos han ido desechando, no obstante tener un territorio apropiado y desaprovechando incentivos como becas y otros.

   Nuestro vecino debe también considerar que muchas de las granjas y plantaciones donde se producen los bienes comercializados en la frontera tienen un gran componente de mano de obra haitiana y que estos son los que envían las remesas a sus familiares al otro lado del Masacre.  Que bien o mal, estos obreros podrían ser cesanteados  y al quedar desprotegidos sin un empleo permanente, deportados hacia Haití, aumentando la masa desempleada que irá a pulular entre los escombros de Port-au-Prince.

   La Comisión Bilateral de Negociaciones Comerciales que en nuestra entrega anterior sugerimos, debe ser un instrumento legal redactado conforme a los principios del Derecho Internacional y a los acuerdos comerciales que ambos países han suscrito, sea como ACP o como miembros del Cariforum o los protocolos informales a los que ambas naciones se habían sometido voluntariamente.  Lo único que sería conveniente sugerir es que las comisiones deliberativas sean mixtas; es decir, sector público, para la regularización y sector privado, que será a la postre el que efectúe la comercialización.

El Presidente Dominicano  ha sido enfático y tal como lo escribimos anteriormente, sospecha que intereses espurios están detrás de estas drásticas medidas unilaterales y ha dado instrucciones para que se exploren nuevos mercados en América Central, Venezuela y el Caribe insular.  De ese modo, obligaríamos a nuestro segundo socio comercial, a que produzca alimentos para una sobrepoblación de más de 10 millones de habitantes en apenas 27,750 Km2. En consecuencia, Haití debe tener en su agenda inmediata tres prioridades: a) control riguroso de su población; b) reforestación de su territorio convertido en erial y c) aumento de la producción de alimentos.   Si no lleva a cabo estas medidas en lo inmediato, no duden estimados lectores, que las Naciones Unidas (ONU), lo declaren un Estado fallido.