Mientras en el discurso el Presidente Michel Martelly invoca alegado interés por un diálogo entre República Dominicana y Haití, en los hechos demuestra todo lo contrario. Las hostilidades de que han sido víctimas transportistas dominicanos que llevan mercancías a Haití y la negación del Gobierno haitiano a firmar un protocolo de garantía de seguridad para esos camioneros, demuestran que no hay tal interés por el diálogo franco y abierto.

La intención aviesa de la administración Martelly se destapa con el argumento falaz de que se ha valido para prohibir el ingreso de harina de trigo dominicana a territorio haitiano, alegando que tiene una sustancia cancerígena. No olvidemos que en un pasado no lejano el gobierno haitiano prohibió las importaciones de pollos y huevos dominicanos, alegando contagio por gripe aviar. En ninguno de los casos ha mostrado certificación de laboratorio alguno.

Un Gobierno que realmente aspira a un diálogo sincero no recurre a falsedades como esas y otras tantas que han sido comunes en el trato de Haití para con la República Dominicana. Los productores y transportistas dominicanos están perdiendo sumas millonarias por medidas de represalia de Haití contra el Programa de Regularización de Extranjeros. Bajo las circunstancias que ha impuesto Haití, la atmósfera de diálogo se hace irrespirable y tóxica.

  No más largas a la ley de partidos

El origen de las finanzas de los partidos sigue siendo un factor de preocupación. Cubrir los altos costos de las campañas electorales hace a los partidos vulnerables a la tentación de recibir fondos ilícitos, ya sea porque provengan del crimen organizado o sean fruto de la manipulación de recursos del erario. El secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Yves Leterme, alertó sobre este factor de riesgo para la democracia, al exponer ayer en el inicio de la segunda Asamblea General Bianual de la Asociación Mundial de los Órganos Electorales (A-Web), que se celebra aquí.

Este argumento debe fortalecer las gestiones para tratar de vencer la resistencia de los partidos políticos a la aprobación de un proyecto de ley de fiscalización de sus ingresos y que lleva más de una década empantanado.