Aunque el nuevo Gobierno ha expresado la voluntad de lograr acuerdos comerciales con nuestro país, Haití ha vuelto a usar el capricho como regla de intercambio. Así, sin considerar nuestra actitud solidaria para con sus súbditos, el país vecino ha cerrado el acceso a su territorio a productos de origen dominicano. No hay argumentos que justifiquen este desplante, que ocasiona pérdidas a los exportadores dominicanos y a los consumidores haitianos.
El Gobierno haitiano ha actuado con descortesía absoluta al no notificar a las autoridades dominicanas sus argumentos para sustentar esta nueva prohibición. Y eso que somos nosotros los que nos gastamos hasta 5,000 millones del presupuesto para dar asistencia a las parturientas haitianas que son traídas a este país sin ninguna documentación. Nuestro gesto solidario recibe a cambio un trato desconsiderado e injustificable.
La República Dominicana tiene que revisar sus relaciones comerciales con Haití para ponerlas en el contexto del estilo caprichoso de intercambio comercial que Haití quiere tener con nosotros. El Gobierno dominicano tiene que despojarse del temor por los ataques que profieren contra el país organismos internacionales y algunas ONG que viven de la pobreza de los haitianos, cada vez que hacemos algún ejercicio de soberanía. Basta de tolerar esta forma de hacer comercio.

El lado penal del embarazo precoz

A pesar de que la República Dominica está entre los cinco países latinoamericanos con mayor número de embarazos en adolescentes, con una tasa de natalidad de 20.5 en jóvenes de entre 15 y 19 años, hay poco énfasis de las autoridades en cuanto al enfoque penal de este problema social. El Código del Menor establece que ningún menor de edad está facultado para dar su anuencia a una relación carnal con un adulto mayor de edad, pero no hay registros de seguimiento penal de estos casos. El año pasado 2,700 menores de edad parieron solamente en la maternidad de Los Mina.
El Ministerio Público debería especializar personal para dar seguimiento a los casos de embarazo precoz que ameriten la movilización de la acción penal con el fin de que la justicia actúe contra los autores de estas violaciones.