Hoy 
UBI RIVAS
Haití es el quebradero de cabezas más persistente que hemos sufrido los dominicanos que se inician con el tratado de Ryswick de septiembre 1697 mediante el cual España reconoció a Francia la posesión de la tercera parte de la isla Hispaniola o Saint Domingue. A Ryswick siguió Aranjuez, 03-06-1777 que delimitó la frontera y asegura a Francia la posesión de Saint Domingue mediante el tratado de Basilea del 22-07-1795, acuerdo que firmaron el marqués de Ossún por Francia y el conde de Floridablanca por España. Es Aranjuez lo que Haití siempre ha invocado para la tesis de la indivisibilidad de la isla Saint Domingue, motivación alegadamente jurídica que validó la invasión a la parte Este de la isla por Toussaint LOverture el 26-01-1801.
El imprescindible introito para explicar los sucesos que vienen produciéndose desde hace unas semanas en Hatillo Palma, municipio de Montecristi, donde originalmente fue asesinada una dominicana y herido mortalmente su esposo y luego se procedió a perseguir a haitianos presumiblemente culpables del hecho, incediando sus casuchas y posteriormente asesinado a dos de ellos que dormían en bohíos rudimentarios.
El presidente Leonel Fernández ha categorizado la situación puntualizando que ningún dominicano dispone de facultad alguna para hacerse justicia por sus manos, y que eso es potestad exclusiva de los tribunales de justicia.
La cuestión, en consecuencia, no estriba, como ha venido haciéndose, en repatriar indocumentados haitianos hacia su país por el Ejército, porque cuando los militares dominicanos dan las espaldas en la frontera, casi de inmediato retornan al país los repatriados, en una charada y ópera bufa sin solución de continuidad.
Todo parece indicar que la solución podría adquirir visos positivos y reales cuando la dirección de Inmigración precise la carnetización de los ciudadanos haitianos que vienen al país a diferentes actividades laborales, en arrozales, platanales, algodonales, tomates, café, cacao, industria de la construcción, a quienes pagan unos $200 por día de jornal, y los dominicanos exigen $350.
El Comité Nacional de salarios de la secretaría de Trabajo dispuso que a partir de enero del cursante año, los jornales por día serían de $80 a $130, pero eso no alcanza para un obrero dominicano que tiene que pagar alquiler de casa, tiene familia, paga o simula pagar energía eléctrica, glp, mientras que los haitianos están eximidos de esas cargas porque los de labor rural viven en casuchas y los de la ciudad residen en la parte baja de los edificios que ayudan a construir, es decir, que tienen cargas fija únicamente para su magra alimentación.
La cuestión está bien estriba en que Inmigración disponga medidas coercitivas penales a los patronos sean del campo (hacendados) ó de la ciudad (constructores) que empleen a indocumentados, sin importar la nacionalidad, y asignar inspectores medianamente honrados, que supervisen esa disposición.
De seguir como vamos, la penetración haitiana proseguirá, una invasión pacífica que viene denunciándose desde hace un buen tiempo que es una perversa estrategia de países poderosos para unificar étnicamente la isla hispaniola, con los riesgos terribles que esa proyección entraña.
