En la República Dominicana (RD) y en el exterior se ha generado un interesante debate sobre las relaciones domínico-haitianas a raíz de la ya archifamosa Sentencia 168-2013 dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de septiembre.

Muchos argumentos a favor y en contra se han emitidos desde la óptica jurídica en general, y desde la perspectiva de los derechos fundamentales en particular.

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es tratar la parte jurídica que subyace detrás de esta polémica decisión judicial, sino abordar otro eje que tiene como telón de fondo la misma: la geopolítica y el impacto de la crisis estructural de Haití en el Estado dominicano.

Este enfoque muchas veces se pasa por alto o subrepticiamente, debido a que abordarlo, significa tocar la multiplicidad de intereses políticos, sociales y económicos que abarca.

No podemos dejar de lado el reto que representa Haití para la RD, por una discusión jurídica limitada a los parámetros de interpretación del derecho fundamental a la nacionalidad.

Es importante hacer una reflexión exhaustiva que permita ver “más allá de la curva” de la Sentencia 168. Y para esto, vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿Es Haití una amenaza o no a la seguridad nacional de RD, y más aún, representa una amenaza regional?

La seguridad nacional debe entenderse desde una óptica multidimensional, que sobrepasa la simplista aproximación de “lucha contra la delincuencia”. Seguridad nacional comprende un macro-concepto que toma en cuenta aspectos como salud pública, preservación del medio ambiente, control del territorio, inseguridad ciudadana, y gobernabilidad del Estado.

En ese contexto y áreas donde el Estado tiene que jugar un rol primordial, debe evaluarse si Haití, y no tan solo su población inmigrante, representa un reto y una amenaza para la seguridad nacional de RD y para la estabilidad regional en su conjunto.

A nuestro juicio, los siguientes indicadores de los niveles de estatalidad sobre Haití hablan por sí solos, según fueron esbozados fundamentalmente por Maureen Taft-Morales, especialista para asuntos latinoamericanos, en el informe de fecha 10 de mayo de 2013[1] intitulado “Haiti Under President Martelly: Current Conditions and Congressional Concerns” (Haití bajo la administración del Presidente Martelly: Condiciones Actuales y Preocupaciones del Congreso),  preparado para el Congressional Research Service, instrumento de investigación y análisis del Congreso norteamericano:

1)       En Haití actualmente hay una presencia de tropas extranjeras en labores humanitarias englobadas en la MINUSTAH, divididas en 6,681 tropas y 2,425 policías[2], así como también un componente de 437 servidores civiles internacionales; 1,302 servidores civiles nacionales, y 195 voluntarios de países miembros de las Naciones Unidas.

2)  78% de los 10 millones que habitan Haití viven en la pobreza con menos de 2 dólares por día; y 54% vive con menos de un 1 dólar por día, según los datos del Banco Mundial[3].

3)  El hambre se ha incrementado hasta números dantescos: 81% de la población nacional y 87% de la población rural, no reciben las porciones de comida mínimas que debe recibir un ser humano, según lo ha definido la Organización Mundial de la Salud.

4) La seguridad alimentaria ha empeorado en Haití, luego de los huracanes Isaac y Sandy en 2012, que destruyeron 70% de la cosecha en territorio haitiano.

5)  Alrededor de 1.5 millones de personas vive en “inseguridad alimentaria permanente” en las zonas rurales afectadas por las tormentas.

6) Alrededor de 450 mil personas están en peligros de malnutrición o desnutrición, incluyendo 4 mil niños menores de 5 años[4].

7)  Desde finales de la década de 1960 hasta principios del año 2000, el ingreso per cápita de Haití ha descendido un 30%.

8)       A los fines de que Haití pueda lograr los Objetivos del Milenio de erradicación de la pobreza extrema y el hambre para el 2015, el PIB tendría que crecer un 3.5% por año, una meta que el FMI considera que no se logrará[5].

9) Los daños y pérdidas del terremoto de 2010 han sido estimados en alrededor de 7.8 billones de dólares, una suma superior a todo el PIB de Haití durante el 2009[6].

10)   Sobre la epidemia del cólera, el US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estima que Haití tiene los números más altos de casos de cólera en el mundo[7].

11)  Hasta el 17 de Octubre de 2013[8], según el CDC en Haití se han reportado 684,085 casos de cólera, y han muerto 8,361. Asimismo, apenas 380,846 de los casos reportados han sido hospitalizados (es decir un 55.4%).

12)  El CDC de USA ha indicado que la cepa del cólera está mutando hacia una más resistente, según los sobrevivientes desarrollan algún tipo de inmunidad. Esto puede ser el indicador de que el tipo de cólera que se ha esparcido en Haití se esté convirtiendo en endémica[9], lo que ha generado una alerta hemisférica, como lo destacó el País de España recientemente[10].

13)  A pesar de los esfuerzos por reducir las letales consecuencias del cólera, muchos observadores consideran que la misma persistirá en Haití, hasta tanto sistemas de agua y sanidad sean instalados a nivel nacional. Esto costaría aproximadamente entre 800 millones a 1.1 billones de dólares, según el New York Times[11].

A todos estos indicadores de estatalidad, hay que agregar la tensión que existe entre la comunidad de donantes y el gobierno de Haití.

Este último ha sido un constante crítico de la primera por la lentitud del desembolso de los fondos, así como también de la entrega de los mismos a través de las organizaciones no gubernamentales que operan en suelo haitiano.

A su vez, la comunidad de donantes se ha quejado de la corrupción de las autoridades haitianas en el manejo de los fondos, la posposición por más de un año de las elecciones legislativas y municipales, la inestabilidad de la posición de Primer Ministro (recordemos las dificultades del Presidente Martelly para nombrar un primer ministro al principio de su gestión, y la renuncia del ex primer ministro Gary Conille); y por último la parálisis y confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo haitianos.

La frustración que afecta a la comunidad de donantes llevó afirmar el pasado 27 de marzo al Coordinador Especial para Haití del Departamento de Estado norteamericano, Thomas C. Adams, que “Haití perdería el apoyo internacional si se le percibe como antidemocrático por faltar o no atender de manera decidida la corrupción, la violación de los derechos humanos, y la falta de ‘accountability’ del gobierno en la organización de las elecciones.”[12] Asimismo, el pasado 23 de octubre, el Vicepresidente Biden llamó personalmente al Presidente Martelly a los fines de exhortarlo a que se realicen a la mayor brevedad posible las elecciones legislativas y municipales.

Viendo este panorama de fricción y dificultad a lo interno de Haití, no debe sorprender a nadie el cerco geopolítico que existe a la emigración masiva de haitianos por los países que hacen frontera o están dentro del radio de inmigración proveniente de Haití, como lo son Estados Unidos, Jamaica, Cuba, Brasil, Puerto Rico, Ecuador, entre otros.

Por ejemplo, los Estados Unidos, a pesar de otorgar el Temporary Protected Status (TPS)[13] después del terremoto de 2010 y extenderlo hasta el 22 de julio de 2014, a todos los haitianos que estén o hayan llegado a Estados Unidos hasta un año después del terremoto, continúa aplicando la política de interceptación y retorno de los “boat people” o embarcaciones de haitianos que se encuentren en alta mar. En la misma tesitura también lo hacen Jamaica, Barbados, y las islas Cayman[14], entre otras.

Asimismo, el rol de Haití en la “geopolítica del crimen organizado” como Estado “puente” del narcotráfico internacional, llevó al Presidente Obama a designarlo como uno de los principales países de tráfico de narcóticos en el 2012[15], en gran medida por su débil capacidad, carencia de una estrategia contra-narcóticos y de control a través de una guardia costera u otros agentes de la ley en la costa sur de Haití frente al Caribe.

Esto ha hecho a Haití, y en no menor medida a la República Dominicana, en un punto de tránsito de la droga proveniente de Sudamérica, y de la marihuana producida en Jamaica.

De ahí, sin elucubraciones fantasiosas, que el Fund for Peace y la prestigiosa revista Foreign Policy, en su Índice de Estados Fallidos de 2013 coloca a Haití en la posición 8, en la misma categoría que países como Somalia, Chad, y la República Democrática del Congo[16].

Es partiendo de estas premisas y verdades evidentes que la RD como Estado debe adoptar una política integral hacia la “cuestión haitiana”. Simplismos o maniqueísmos que hemos visto en el debate nacional (como “xenófobos”, “nazistas”, “nazionalistas”, “patrioteros”, “cuco constitucionalizado” o “muerte a los traidores”) sobre este tema tan importante, no deben ser los ejes a tomar en cuenta, ya que en política, como en la geopolítica, la improvisación se paga muy caro.

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