Antes de que pase la ola y que el tema dominico – haitiano sea otra vez guardado en la Caja de Pandora de la comunicación política junto a otras polémicas a las que estrategias tipo Goebbels mandan a recurrir cada vez que se está en crisis o falto de popularidad, me parece importante compartir algunas ideas, señalar algunas verdades.

Hay que partir reivindicando el derecho legal y legítimo que tiene República Dominicana, como Estado soberano, de ordenar sus procesos migratorios.

Esto es importante y positivo tanto para los dominicanos que necesitan tener identificados a cualquier extranjero con el que interactúe, como para los migrantes que cuando están regulares pueden tener mejores derechos y servicios y les evita a ambos ser víctimas de “macuteos”.

Procesos como el iniciado por el Ministerio de Interior y Policía para identificar a los extranjeros irregulares que viven en Quisqueya son positivos y deben incluir no sólo a los haitianos, que son la mayoría migrante, sino otras nacionalidades que por tener piel blanca y ojos claros, pareciera molesta menos su participación en delitos como narcotráfico, abuso de menores o trata de personas.

En segundo lugar, es verdad que República Dominicana es un país pequeño y con recursos limitados que no puede asumir las soluciones al problema haitiano, cuando en 177 años de vida republicana todavía no hemos resuelto ni uno solo de nuestros problemas estructurales.

Lo deseable es que, acorde al principio de libre autodeterminación de los pueblos, Haití encuentre su propio camino, sin injerencias, sin imposiciones y sin recetas foráneas que suelen ser copy paste sin los contextos locales como sucedió con el llamado consenso de Washington, a principio de los 90´s o con el establecimiento de los sistemas de Administración de Fondos de Pensiones.

Ahora bien, a partir de aquí comienzo a establecer disensos, siendo el primero con funcionarios dominicanos y estadounidenses que para reivindicar que Haití encuentre su camino descartan que la comunidad internacional pueda hacer algo.

Ciertamente, para mí la intervención militar no es una opción. Eso se probó con la MINUSTAH y su fracaso. Al salir dejaron a Haití peor, con problemas como el cólera y las violaciones a mujeres y niñas. Pero si la llamada comunidad internacional no es capaz de accionar desde la solidaridad proporcionando, por ejemplo, escenarios y mediadores para que los actores del país más pobre de América, en una crisis sociopolítica gravísima, dialoguen, ¿para qué sirven entonces la ONU y la OEA? ¿o es que el no tener petróleo o “armas” no le hace llamativo?

El segundo disenso es con el Gobierno dominicano que para mí inició muy bien el manejo de este tema cuando estando vivo Jovenel Moïse sembró el precedente positivo de la cumbre en Elías Piña y cuando tras el magnicidio trató de llamar la atención de la comunidad internacional sobre este tema. Esta era la línea correcta.

Pero se comenzó a escribir torcido a partir del trato dado a las mujeres haitianas embarazadas, porque deportarlas, sin distinguir, viola derechos humanos.

Investigaciones periodísticas acreditan que varias de ellas tienen entre 2 y 15 años residiendo en el país; están casadas con dominicanos o tienen hijos dominicanos; tienen cesáreas programadas; se examinan tres y cuatro veces antes de dar a luz; y el costo de sus partos no se acerca ni remotamente a lo que dijo Salud Pública que cuantificó 10 mil millones de pesos al año, representando 300 mil pesos por parto.

Nuestro país no puede asumir las soluciones al problema haitiano

Lo deseable es que los haitianos encuentren su propio camino

Sin injerencias, sin imposiciones y sin recetas foráneas, que suelen ser copias