Hoy 
El Gobierno dominicano tendrá que tomar una determinación drástica ante el creciente número de haitianos indocumentados y la falta de cooperación del Gobierno de Haití para facilitarles los documentos necesarios para regularizar su estada en territorio dominicano. Haitianos interesados en legalizar su estatus se han quejado reiteradamente por la lentitud del régimen de su país en procesar las solicitudes de documentos, por los que les cobra mil pesos.
La parsimonia del Gobierno haitiano se produce en momentos en que nuestro país está bajo una fuerte presión de indocumentados que cruzan la frontera para tratar de regularizar su estada en la República Dominicana y ser aptos para trabajar legalmente. La actitud oficial haitiana es contraria a las reiteradas promesas de cooperación con el proceso de regularización que desarrolla el Gobierno dominicano.
Sería contraproducente que por causas ajenas e injustificables, nuestro país extienda de manera recurrente el plazo para la regularización de inmigrantes indocumentados, o haga excepciones en el caso de los haitianos. El Gobierno haitiano ha dado pocas muestras de estar realmente interesado por apoyar a sus súbditos que residen ilegalmente aquí. Ante esta situación, nuestro país tiene que ejercer su soberanía y repatriar a los indocumentados que, vencido el plazo, no hayan legalizado su situación.
SAN CRISTÓBAL NECESITA AUXILIO
San Cristóbal, una provincia de gran producción agropecuaria, está sitiada por un abanico de necesidades que van desde inversión en obras comunitarias y creación de fuentes de trabajo hasta aumento de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. La falta de inversión mantiene en estado precario los servicios básicos. Y mientras el deterioro de la seguridad se refleja en la muerte violenta de diez personas en lo que va de enero, abunda la corrupción de patrullas policiales que se apostan en lugares estratégicos para macutear a los motociclistas.
La sociedad de San Cristóbal merece mejores condiciones de vida a través de la inversión en los servicios básicos, la apertura de plazas de trabajo y el combate de la delincuencia y la corrupción en todas sus vertientes.
