ROSARIO ESPINAL
La reciente visita al país de Juan Gabriel Valdés, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Haití, es motivo apropiado para recordar la difícil situación en que se encuentra el pueblo haitiano y señalar que, a pesar de la presencia internacional, la situación de Haití constituye un problema fundamentalmente para los haitianos y dominicanos. Lamentablemente, ninguno de los dos países se comporta a la altura de los problemas, mientras Haití permanece en un fango de violencia y pobreza.

La presencia de la fuerza militar-diplomática de la ONU, con un fuerte componente latinoamericano, representa un intento importante de pacificar Haití y encauzarlo hacia unas elecciones que produzcan un gobierno de cierta legitimidad nacional.

Si la ONU logra su propósito, la agenda posterior deberá consistir en redoblar los esfuerzos internacionales para que el gobierno electo impulse programas dirigidos a fomentar la institucionalidad política y el despegue económico.

Para eso se necesitará de una presencia internacional prolongada; el desembolso de las ayudas económicas prometidas; y una participación importante de las agencias de desarrollo de Europa, Estados Unidos y Canadá que financien y supervisen los proyectos a implementarse porque en Haití no hay capacidad institucional para hacerlo de manera autónoma.

La tarea es costosa y compleja, pero Haití es un país pequeño donde con un gran esfuerzo internacional podrían verse resultados positivos.

En esta tarea es importante tener claro que, a pesar de la necesidad de la colaboración internacional y de la presencia actual de la ONU, Haití no es una prioridad para ningún país desarrollado, fuera del temor a una migración masiva de haitianos hacia esos países.  Tampoco es una prioridad para los países latinoamericanos que por el momento han asumido un liderazgo en la misión de la ONU.  Vale repetir por eso que la cuestión haitiana le incumbe fundamentalmente a los haitianos y dominicanos.

La gran tarea de reconstrucción de Haití depende obviamente de la voluntad de los haitianos.  Pero del lado dominicano es posible implementar medidas que contribuyan a mejorar la relación entre ambos países y la situación de Haití.

Es hora de actuar con nuevos esquemas diplomáticos desde la República Dominicana.

1. Abandonar el nacionalismo xenófobo en la política oficial.  Los dos países comparten una isla pequeña, y la incomodidad de uno con respecto a la existencia del otro nunca ha resultado en mejoría para ninguno.  Se sabe muy bien que hay muchos haitianos en territorio dominicano. Además de la pobreza que los empuja a emigrar, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana para satisfacer las demandas empresariales de trabajadores de muy bajos salarios en el azúcar, arroz, café, y la construcción.   Joaquín Balaguer, uno de los pensadores que representa el nacionalismo xenófobo, facilitó paradójicamente esta migración.
2. Diseñar y ejecutar una política migratoria acorde con las leyes internacionales y dominicanas, y de respeto a los derechos humanos, que establezca un balance entre las necesidades del mercado laboral y el costo socioeconómico para la República Dominicana de la migración haitiana.  Porque hay que tener presente que la migración de mano de obra barata representa tarde o temprano un alto costo para la sociedad que la alberga, y no es posible seguir eludiendo el problema a través de la ilegalidad con la presencia de haitianos indocumentados.
3. Dentro de los marcos de soberanía de ambos países, la República Dominicana puede participar junto a la ONU en los esfuerzos por promover el desarrollo de Haití, concitando la colaboración económica internacional como lo ha hecho recientemente el gobierno, sirviendo de espacio para la negociación internacional, y dinamizando la ayuda para proyectos de desarrollo binacional.
4. Regularizar y modernizar el comercio entre ambos países, haciéndolo seguro, eficiente y productivo.  Esto implica mejorar el funcionamiento de los consulados dominicanos en Haití, profesionalizar los puestos fronterizos, y asegurar que las Fuerzas Armadas Dominicanas cumplan exclusivamente con el rol que les atañe: la protección del territorio dominicano y la legalidad.

Desde la caída de Trujillo en 1961, la República Dominicana ha experimentado un proceso de crecimiento económico, desarrollo empresarial, expansión de las capas medias, y estabilización de la política superior al de los países del Caribe y Centroamérica que vivieron regímenes dictatoriales.  Después de la caída de Duvalier, Haití no ha logrado un proceso de transformación similar, quedando sumido en la confrontación política y el deterioro permanente de las condiciones de vida de su población.

La misión de la ONU en Haití, bajo la dirección latinoamericana, le ofrece a la República Dominicana una oportunidad especial para participar en la importante y difícil tarea de ayudar el pueblo haitiano a encontrar canales más adecuados de convivencia política y de despegue económico.  Proclamar la imposibilidad de esta tarea o cruzarse de brazos ante la tragedia es declarar la muerte en cámara de gas de la nación haitiana, y eventualmente, de la dominicana.