Decenas de haitianos, quienes dicen que durante 13 años trabajaron en la Coquera Kilómetro 5,   permanecían ayer frente al Ministerio de Trabajo exigiendo que el dueño de la empresa, a quien identifican como Rafael Emilio Alonzo Luna (Billo), les pague sus prestaciones laborales para retornar a su país, ya que  la empresa cerró.

Los obreros, quienes aguardan desde el viernes en la explanada de la institución, dijeron que Alonzo los trajo  de manera ilegal al país a partir de 1998. Supuestamente, los alojó “en casuchas en condiciones deplorables, donde no tenían servicios de agua ni energía eléctrica”,  en  la finca donde estaba la coquera, en Najayo,   San Cristóbal.

Los haitianos denuncian que los 112 empleados  fueron sometidos a explotación y trato inhumano “ante la mirada indiferente del Ministerio de Trabajo”. Incluso afirman que muchos perdieron órganos del cuerpo y otros fueron asesinados por el capataz de la coquera. 

El abogado y activista por los derechos humanos Lucas Manuel Sánchez dijo que Alonzo solicitó ante el Ministerio de Trabajo el cierre definitivo de la coquera y que la entidad procedió a ejecutarlo sin determinar la situación de los haitianos. Denunció que Alonzo  predispuso y pagó  a la comunidad y la junta de vecinos para que alegaran que los haitianos eran personas conflictivas y que invadieron la finca y la convirtieron en un centro de acopio.

Los munícipes.  Organizaciones comunitarias del kilómetro 5 de Najayo Arriba protestaron  frente a la Dirección General de Migración en demanda de que el titular de esa dependencia, José Ricardo Taveras, desaloje del sector al grupo de obreros haitianos.

Los representantes de las organizaciones comunitarias junto al alcalde pedáneo de la comunidad, Daniel Bienvenido Rosa Benítez, afirmaron que los haitianos  invadieron la propiedad de Alonzo Luna, lo que ha convertido el sector en “invivible debido al caos que se ha generado”.

Centro Bonó.  Mario Serrano, director del Centro Bonó, dijo que no le sorprende lo  que está pasando con los obreros haitianos, debido a que lo mismo pasaba con los empleados de la caña.

El sacerdote informó que un abogado y el coordinador del área de acompañamiento a migrantes les ofrecieron la ayuda legal a esas personas para aclarar la situación.

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Denuncias

Víctor Lorenzo Florentino y Soraida Medina Martínez, presidente y vicepresidente de la Junta de Vecinos de la coquera, dicen  que la permanencia de estos haitianos en el sector constituye un atentado a la “soberanía nacional”. Al ser cuestionados por HOY se negaron a hablar al respecto.