POR ANDY WEBB-VIDAL
No hay nada en el mundo que el cortador de caña de azúcar haitiano Norberto de la Cruz desee más que un carné de identidad de República Dominicana . Más todavía que su dedo índice izquierdo que perdió en un accidente con un machete. El señor de la Cruz, de 39 años, llegó de Jacmel en 1995, un pueblo en el sudeste del volátil país vecino que ocupa la mitad occidental de La Española, con la promesa de encontrar trabajo y hacer dinero.

Once años más tarde, todavía batalla por vivir en el mismo batey, al que llegó sin dinero, con nueve dedos y una cicatriz vertical de un pie de largo en el pecho, cosida como un saco de correo.

“¿Usted me puede ayudar a conseguir una cédula?”, pregunta, empleando la palabra española para el documento de identidad. El señor de la Cruz está vivo milagrosamente, después que se electrocutara tratando de conectar un cable aéreo a una fuente de energía.

Un viaje por las plantaciones de azúcar y bateyes a pocos kilómetros detrás de la franja costera de República Dominicana, con cuidados campos de golf y sitios de descanso y hoteles turísticos es como hacer un viaje al siglo XIX.

Decenas de miles de jornaleros haitianos han emigrado a la República Dominicana cada año durante décadas para trabajar en duras condiciones en los cañaverales y en la zafra azucarera que se extiende de noviembre a mayo.

Tan importante es Haití como la fuente histórica de mano de obra entre 1930 y 1961, que el general Rafael L. Trujillo mantuvo una cuota con Haití que permitía que un número fijo de haitianos pasaran la frontera durante la zafra.

Hoy, sin embargo, la relación es incómoda. A algunos dominicanos les resulta difícil todavía aceptar el hecho de que su país fuera gobernado desde Puerto Príncipe durante dos décadas, después de su independencia de España.

Las tensiones sociales se han agravado en los últimos años porque la mayoría de los emigrantes trabajadores se han quedado en República Dominicana, en lugar de retornar a su país. El caos en Haití, unido a las duras medidas migratorias impuestas por Estados Unidos han incrementado el flujo de migrantes a través de la frontera de 350 kilómetros. “Haití se está convirtiendo en un tema mucho más importante del debate nacional”, dice Hugo Guiliani, un veterano diplomático dominicano. 

Los inmigrantes de primera generación, pero ilegales, se estiman ahora entre 10% y 15% de la población de 9 millones de República Dominicana.

“Un censo de extranjeros sería un censo de haitianos”, dice el sociólogo Frank M. Hernández, presidente de Idea, un centro de análisis local.  “Ser haitiano es ser un chivo expiatorio de lo peor”. Se está desarrollando un tipo de fobia anti-haitiana”. En los últimos meses se produjeron algunos asesinatos de haitianos por motivos raciales que deterioraron más aún la situación. Manifestantes apedrearon el vehículo del presidente Leonel Fernández cuando este visitara Haití en diciembre.  Los macheteros haitianos que trabajan en los campos de caña dicen que los han traído en convoyes de camiones con la complicidad de corruptos guardianes de la frontera y del ejército.

Periódicamente, los oficiales reprimen y repatrian haitianos, por lo general, una vez que termina la zafra azucarera. La mano de obra barata es esencial para la industria.

El país produce 500,000 toneladas de azúcar al año, y el mayor grupo productor es el Grupo Vicini. Una tonelada de caña de azúcar rinde  cerca de 100 kg de azúcar refinado. Es un buen negocio. La República Dominicana  tiene la cuota mayor de azúcar de EEUU, con una asignación de 185,335 toneladas, o 16.4% del total.

Los productores de azúcar dominicanos combatieron el DR-CAFTA durante más de un año, e intentaron cabildear con los legisladores para que aprobaran un impuesto de 25% a las importaciones de sirope de maíz más barato, lo cual irritó a los negociadores norteamericanos.

Las condiciones en las plantaciones también están atrayendo el interés de EEUU.

Un Informe de Investigación del Congreso de EEUU de enero, decía: “Unos 650,000 haitianos, que no pueden obtener la ciudadanía por ellos y sus hijos nacidos en República dominicana viven y trabajan en condiciones de esclavitud en las industrias de la caña de azúcar, la construcción y el servicio doméstico”.

El trabajo infantil es algo común. Adultos y niños por igual reciben entre US$2 y US$3 al día, pero le descuentan la contribución a la “seguridad social”. Hasta el año pasado, se les pagaban fichas redimibles en el centro comercial de la compañía.

Los trabajadores haitianos se quejan de que las básculas que se emplean para pesar varias la caña que ellos cortan cada día están manipuladas.

“Yo, realmente, no creo que las pesas funcionen bien”, dice Jeremi Dimach, de 28 años, un machetero, mientras un mayoral a caballo con una pistola al cinto se acerca de una esquina del campo de caña. El Grupo Vicini no quiso comentar sobre las condiciones de trabajo en sus plantaciones.

Christopher Hartley, el sacerdote anglo-español cuya parroquia de 700 km2 , cerca de San Pedro de Macorís incluye numerosas haciendas cañeras, dedica parte de su tiempo a mejorar las condiciones de trabajo de los haitianos. “Es la esclavitud de los tiempos modernos”, dice el señor Hartley, quien antes trabajó en el Bronx y ahora tiene protección policial, después que fuera amenazado de muerte. “Durante cien años las familias más ricas  han sacado dinero de esta forma de trabajo”.

Algunos comentaristas de la prensa local han acusado a activistas de derechos humanos y sacerdotes como el señor Hartley de intentar destruir la industria azucarera. Pero como expresara crudamente un diplomático estadounidense: “La industria azucarera se mueve con dinero ensangrentado”.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION