Hoy 
AP. Un grupo de 102 inmigrantes haitianos advirtió ayer que no retirará el improvisado campamento que estableció en una acera de la capital hasta que la empresa Coquera Real, recién cerrada por quiebra les pague sus prestaciones laborales tras más de 10 años de trabajo.
Uno no se va sin dinero de aquí, dijo Francisco Ogilio, quien actúa como vocero de los trabajadores migrantes que desde mediados de diciembre acampan frente a la sede del Ministerio de Trabajo.
Debido a que la mayoría de los trabajadores carece de documentos para permanecer en el país, el director de Migración, Ricardo Taveras, había dado como plazo hasta el ayer para que el campamento fuera desalojado.
Para sacarnos a notros tienen que matarnos a toditos, insistió Ogilio, quien asegura haber trabajado como obrero para la empresa Coquera Real durante 10 años, pero cuando la compañía se declaró en quiebra en diciembre fue despedido, igual que los demás haitianos, sin recibir ningún tipo de indemnización.
Las leyes laborales locales establecen que la empresa debe pagar a sus empleados 23 días por cada año de trabajo continuo.
Los 102 trabajadores, algunos acompañados de sus esposas e hijos pequeños, duermen a la intemperie, solo cobijados por cartones y cobijas, y reciben alimentos de grupos humanitarios y de sindicatos.
El Ministerio de Salud envió esta semana una unidad móvil para verificar las condiciones sanitarias de los manifestantes y de sus familias.
Carlos Manuel Sánchez, abogado de los inmigrantes, explicó que ha solicitado la mediación del Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto con la compañía, pero las autoridades laborales no les han ofrecido ninguna respuesta. Es una solución que estamos demandando, no esperamos más, dijo Gabriel del Río, líder de los más de 30,000 trabajadores de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (Casc), al visitar el campamento de inmigrantes. Los manifestantes no forman parte de la Casc.
El embajador haitiano, Fritz Cinéas, manifestó el martes su esperanza en que las autoridades laborales faciliten un acuerdo para que los inmigrantes reciban sus indemnizaciones y puedan regresar a su país.
Taveras también anunció que comenzará una investigación para determinar si la compañía Coquera Real y su propietario incurrieron en tráfico ilegal de migrantes al haber traído a los haitianos para trabajar en esa compañía.
El drama de cerca. Ella tiene ocho meses de embarazo y yo no tengo cuarto porque cerraron la compañía y de ahí era que ganaba dinero; no tengo ni un peso para comprar comida, ella come aquí porque le agradezco a algunos dominicanos que nos traen algo para comer.
Ese es el testimonio de Francisco Ogilo, quien junto a su esposa Chantal Floque, hoy tienen 28 días frente al Ministerio de Trabajo exigiendo sus prestaciones laborales a Rafael Emilio Alonso Luna.
Ogilo, enojado y con impotencia al no poder hacer nada por su esposa, quien dará a luz el 24 de febrero, dijo que están pasando trabajo por culpa de Luna y la ministra de Trabajo, Maritza Hernández. Nosotros esperamos nuestro dinero para irnos de aquí, expresó.
Dijo que Luna les tiene que pagar más de RD$15 millones a los trabajadores que tenían 14 años en la empresa.
Cuando llegamos en el 1999, ese señor nada más tenía una camioneta desbaratada y mira, ahora tiene más de 38 camiones para cargar los cocos que pelábamos, también tiene yipetas y nosotros no tenemos ni una bicicleta, aseguró Ogilo.
Zoom
Sobre el operativo. Al hablar del caso de Chantal Floque, el doctor Isaías Beltré dijo que tiene provisto dar a luz el 24 de febrero. Explicó que algunos de los síntomas que presenta el grupo es hipertensión arterial, gripe y procesos estomacales y renales. Les han suministrado medicamentos tales como antigripales, vitaminas y antibióticos.
