Rafael L. Trujillo ordenó la masacre de haitianos en 1937 para dominicanizar, pero dejó que trabajaran en los ingenios azucareros. Joaquín Balaguer, conocido intelectual del anti-haitianismo, trajo haitianos a trabajar en los ingenios y también permitió que suplieran la mano de obra en otros sectores de la economía.

Cuando los haitianos trabajaban solamente en el azúcar vivían encerrados en los bateyes y eran piezas exóticas del paisajismo de la pobreza dominicana. Su trabajo arduo bajo el sol picante enriqueció a colonos y dueños de ingenios públicos y privados, y luego a finqueros de otros productos.

Después vino la migración masiva de dominicanos al exterior en la década de 1980, y con ello el boom de la construcción en la década de 1990. Entonces ingenieros y constructores aprendieron de colonos y hacendados a contratar mano de obra barata haitiana.

En Haití, por su parte, las cosas cambiaban. El dictador Jean Claude Duvalier fue derrocado en 1986, y sin terror estatal cotidiano, los haitianos comenzaron a desplazarse. No había ya una contraparte gubernamental haitiana para que República Dominicana contratara mediante acuerdo de gobierno a gobierno la traída de haitianos. Se hizo entonces por la libre.

En la medida que la inestabilidad y la miseria en Haití aumentaron, también creció el deseo haitiano de emigrar, y República Dominicana, por ubicación geográfica, es el destino migratorio natural.

Sin controles fronterizos adecuados y sin requerimientos legales para dar empleo, la República Dominicana siguió recibiendo haitianos, y con el paso del tiempo, no hubo voluntad gubernamental para controlar ni adecentar el proceso migratorio.

He aquí la situación actual. Civiles y militares dominicanos ubicados en puestos de frontera hacen muy mal su trabajo (la prueba más evidente es la cantidad de haitianos indocumentados que cruza constantemente), los empresarios quieren trabajadores haitianos para explotarlos (son los primeros que gritan cuando se los quitan), y los voceros dizque nacionalistas hacen bulla, azuzan la xenofobia, crean fábulas de fusión, y no proponen soluciones viables.

Encima, cuando el gobierno hace repatriaciones es puro teatro porque sacan los haitianos por un lado y entran por el otro. Las redadas permiten al gobierno dar la apariencia de que combate la migración indocumentada, pero en unos días concluyen las repatriaciones, generalmente cuando algún diplomático habla de derechos humanos y un funcionario dominicano envalentonado le responde. Fin del espectáculo mediático.

Ahora República Dominicana tiene una nueva Constitución que no resuelve nada. Niega derechos de ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano, pero hay muchos miles de personas que nacieron en territorio dominicano, son hijos de inmigrantes haitianos indocumentados y no van a regresar a Haití porque se criaron en República Dominicana. Esta población permanece sin papeles y sin derechos elementales.

En vez de ayudar a resolver el problema, esta Constitución agrava la situación porque gesta una nación de apartheid, y quien no quiera verlo así que reflexione profundamente sobre las implicaciones sociales y legales del Artículo 18.

La situación actual es sumamente peligrosa porque hay muchos inmigrantes haitianos, la sociedad dominicana no tiene recursos económicos para integrarlos adecuadamente, el sistema legal es excluyente, y muchos empresarios tienen como único propósito explotarlos.

Esta situación produce y seguirá produciendo fricciones a nivel popular entre dominicanos y haitianos, y estas fricciones, aunque favorables para la explotación laboral que desean muchos empresarios, incluyendo el Estado, son funestas para la convivencia humana.

En este 167 Aniversario de la Independencia vale decir que en la República Dominicana pudo más el deseo de explotación que el patriotismo inspirador de la gesta de 1844.