BOGOTA (AP).- Decenas de fosas comunes con 211 cadáveres de hombres y mujeres, en su mayoría desmembrados, fueron halladas en los últimos diez meses en una zona del sur de Colombia, confirmó el sábado el fiscal general Mario Iguarán.

Indicó que su oficina seguirá «con este proceso. Se ha creado un clima de confianza… que nos permite al menos hoy (sábado), a título de conjetura estar predicando el posible hallazgo de más de 3.000 fosas’’.

Las autoridades calculan que los asesinatos ocurrieron entre 1999 y el 2001.

Iguarán dijo en rueda de prensa que entre las víctimas había algunos ecuatorianos, sin precisar cuántos.

Precisó que el descubrimiento se dio gracias a informaciones que suministraron los vecinos de la región, familiares de las víctimas y «los propios victimarios, anotando que los victimarios no son sólo las Autodefensas’’. Explicó entre los hallazgos también hay fosas que se cavaron «en los tiempos en que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dominaban ilegalmente la región’’, de La Hormiga, un municipio ubicado a unos 540 kilómetros al suroeste de Bogotá y muy cerca a la frontera con Ecuador.

La investigación, que comenzó en agosto del 2006, permitió descubrir el viernes 105 cadáveres en 65 fosas en seis distintos lugares del área rural de La Hormiga, dijo el fiscal. Desde hace diez meses se han extraído los restos de otros 106 cuerpos en la misma área.

Señaló que la identificación de las víctimas se realiza no solo a través de «pruebas testimoniales. También nos sometemos a unas pruebas de carácter científico, el trabajo morfológico, antropológico, dental, médico y la prueba de ADN’’.

Según la fiscalía, se estima que por lo menos habría 10.000 cadáveres enterrados en fosas clandestinas de todo el país. Sin embargo, algunas organizaciones de víctimas del conflicto afirman que el número de desaparecidos superaría los 31.000.

En la zona operaron las FARC y posteriormente las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente desmovilizadas luego de tres años de intensas negociaciones con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

La negociación permitió el desarme y reingreso a la vida civil de unos 31.000 combatientes ilegales.

Una ley especial de Justicia y Paz diseñada para los combatientes ilegales desmovilizados les permite beneficiarse de penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de confesar sus delitos.

Iguarán manifestó que el organismo a su cargo realiza investigaciones en cinco grandes provincias colombianas, donde las AUC mantuvieron el control territorial por más de 20 años, mediante tácticas de asesinatos selectivos hasta crueles matanzas de inocentes campesinos acusados de auxiliar a la guerrilla.