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BUENOS AIRES. El fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernandez de encubrimiento agravado en la causa del atentado a una mutual judía fue hallado muerto de un disparo en su departamento de Buenos Aires, sin que se conozca en principio el motivo de su muerte.
El fiscal Alberto Nisman, que hace unos días pidió la indagatoria de Fernández, el ministro de Exteriores Héctor Timerman y otros allegados al gobierno, generando con ello un gran revuelo político en el país, fue hallado el domingo por la noche sin vida en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso al mismo, explicó un comunicado del Ministerio de Seguridad.
Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego del calibre 22, además de un casquillo de bala.
El fiscal había sido convocado por diputados de distintos partidos para acudir al Congreso el lunes para dar explicaciones sobre su denuncia e informar sobre las pruebas con las que contaba. Nisman se había mostrado dispuesto a presentarse.
La diputada opositora Patricia Bullrich dijo a medios de prensa que el fiscal le dijo hace tres días que “estaba amenazado”, luego de haber denunciado a la presidenta, y afirmó que no cree en la hipótesis de un suicidio.
“Me dijo que estaba amenazado, me lo dijo el viernes y me lo dijo el sábado”, afirmó Bullrich. “Hablé para coordinar detalles de su presencia en el Congreso, me dijo que se iba a quedar todo el fin de semana en su casa estudiando la causa”, agregó la diputada. Posteriormente, en declaraciones a radio Continental, Bullrich explicó que el fiscal quería que la reunión que se iba a desarrollar en el Congreso fuera reservada “para dar pruebas más contundentes” y que el oficialismo quería hacerla pública.
El gobierno ha negado las acusaciones de Nisman y lo ha tildado de mentiroso e ineficaz en su investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertos y fue el peor ocurrido en suelo argentino.
Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de periodistas que se sentía muy seguro del paso que estaba dando. Señaló que había avisado a su hija de 15 años de su iniciativa y de que iba a escuchar “un montón de cosas en contra” de su padre.
Nisman afirmó entonces que no sabía si iba a haber represalias en su contra pero que se sentía obligado a presentar las acusaciones, basadas en parte en escuchas telefónicas a distintas personas en el marco de la causa por el atentado, las cuales estuvo analizando en los últimos dos años y medio. Después, se presentó en varios programas de televisión y habló con distintas emisoras de radio para ratificar sus denuncias.
La investigación de la muerte de Nisman está a cargo del titular del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº5, Manuel Arturo De Campos, y de la fiscal Viviana Fein. El jefe de gabinete Jorge Capitanich ratificó ante periodistas el comunicado del Ministerio de Seguridad sobre el hecho y manifestó “todo el apoyo” al juez a cargo de la investigación”. No aceptó preguntas.
La fiscal Fein informó que la muerte de su colega se produjo por “un disparo de arma de fuego”, aclarando que hay que esperar los resultados de la autopsia para conocer “la causa determinante” del fallecimiento. Fein relató que fue la madre del fiscal quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo y que la puerta del departamento donde residía no estaba forzada.
Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa, decidieron informar a los familiares, indicó el Ministerio de Seguridad.
La escolta recogió a la madre de Nisman en su domicilio para dirigirse a la vivienda del fiscal, un departamento en una alta torre de Buenos Aires. Al entrar, la mujer se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y que ésta estaba colocada por dentro en la cerradura.
Finalmente, un cerrajero tuvo que abrir la puerta tras la cual fue hallado el cadáver de Nisman. El ministerio no dio detalles sobre qué parte del cuerpo habría recibido el disparo de bala. Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que causó 85 muertos y más de 200 heridos.
El fiscal presentó su denuncia ante el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas. Fernández no ha hecho aún declaraciones públicas sobre la decisión de fiscal pedir su indagatoria y la de sus allegados. Pero el canciller negó el jueves las imputaciones de Nisman contra la mandataria y contra él.
El ministro dijo también que Fernández fue una de las dirigentes “más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado”. Timerman negó que el gobierno haya intentado que Interpol diera de baja las notificaciones rojas contra cinco iraníes acusados del ataque. Además vinculó la denuncia de Nisman con la reciente decisión de la presidenta de separar al agente del Servicio de Inteligencia Jaime Stiuso, cercano a Nisman en la investigación del atentado, de esa dependencia.
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio de la mutual judía en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas. Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país en el momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
Según la denuncia de Nisman, la presidenta y su canciller “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”.
Entre los acusados de participar en este supuesto plan para la “impunidad” de los iraníes se encuentran, además, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no fue identificado, los dirigentes sociales Luis D’Elia y Fernando Esteche, el ex fiscal Héctor Yrimia, que investigó el atentado poco después de ocurrir, y el “referente comunitario” y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Jalil.
Según Nisman, parte de sus pruebas se fundamentaban en intervenciones telefónicas en las que supuestamente se escuchan las voces de personal de inteligencia, del diputado Larroque, de D’Elia (que fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social), Jalil y Moshen Rabanni, que era agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires en el momento del atentado. Sobre Rabanni pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. Irán siempre negó cualquier implicación en lo sucedido.
