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Con el envío por la Dirección General de Contrataciones Públicas al Ministerio Público y a la prensa para para los fines correspondientes de un informe sobre las graves irregularidades en que fundamentó la anulación de un contrato multimillonario de compra de semáforos firmado por el Intrant con empresas también cuestionadas por el organismo sale a la luz una gruesa descripción de falsificaciones y vicios de formulaciones que invalidan la creación de estructuras empresariales recientes con suscripción de estados financieros y transacciones accionarias cuya legitimidad no pudo ser establecida por el organismos fiscalizador. Un primer informe técnico sobre documentos remitidos con antelación a la DGCP emitió con claridad, y de acuerdo a lo que la ley permite, las objeciones al convenio que estaba en proceso y que no surtieron ningún efecto pues existe evidencia de que el Intrant de todos modo pagó al favorecido por la adjudicación (desautorizado por una casa matriz como su real representante en el país) el 65% de lo convenido por los semáforos tasados en RD$1,300 millones aunque lo aprobado presupuestariamente solo llegaba a RD$1,200 millones.
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Es evidente que la Dirección de Contrataciones actuó en este caso acogiéndose a los límites a que legislaciones obligan aunque se ha pretendido crear sin asidero la impresión de lo contrario. Jugó su rol con entereza y ahora la Justicia deberá establecer consecuencias jurídicas e identificar a los beneficiarios reales de la desaprobada licitación que no están a la vista.
