Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras tomar posesión de su cargo el domingo, fue revocar una decena de polémicos decretos dictados por el exmandatario Jair Bolsonaro, entre ellos, los que facilitaban el acceso a las armas de fuego o la expansión del agronegocio en la Amazonía.

Lula suspendió nuevos registros de armas por parte de cazadores, tiradores y coleccionistas, así como la creación de clubes de tiro; redujo los límites para la compra de armas y municiones, y ordenó poner en marcha un grupo de trabajo para proponer nuevas regulaciones en la política de desarme.

Asimismo, estableció que, en los próximos 60 días, todas las armas compradas desde mayo de 2019 sean registradas nuevamente por los propietarios.

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«Habrá un censo general de las armas existentes en Brasil, con miras a separar el trigo de la paja», comentó este lunes el ministro de Justicia, Flávio Dino.

Durante los cuatro años de su gobierno, Bolsonaro firmó más de 30 resoluciones destinadas a facilitar la adquisición o porte de armas. Muchas de ellas fueron bloqueadas después por la Justicia. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el número de personas con certificado de registro de armas de fuego creció un 474 % durante el gobierno del ultraderechista.

Secreto de 100 años

Por otro lado, y tal como prometió durante la campaña electoral, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) dispuso que, en un plazo de 30 días, la Contraloría General de la Unión analice varios decretos que establecían un secreto de 100 años sobre documentos de la administración pública y asuntos personales del exmandatario.

«En el primer día de Gobierno, vamos a firmar un decreto para acaba con el secreto de 100 años. El pueblo debe ver lo que están [el gobierno de Bolsonaro] escondiendo», aseveró en campaña el izquierdista.

En el plano del medio ambiente, Lula firmó un decreto para restablecer el combate a la deforestación en la Amazonía, y reactivar el Fondo homónimo, constituido con donaciones de Alemania y Noruega. Estos dos países congelaron en 2019 sus aportes ante la negativa de Bolsonaro de frenar la deforestación, que en sus tres primeros años avanzó un 73 %.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, anunció el domingo que su país liberará 35 millones de euros para el Fondo de la Amazonía, como muestra de cooperación y apoyo al nuevo Ejecutivo.

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Lula, que ha insistido en que el combate a la crisis del clima «tendrá el perfil más alto en la estructura» de su Gobierno, también revocó un controvertido decreto dictado por Bolsonaro dos semanas antes de concluir su mandato, que daba luz verde a la tala en territorios indígenas.

Empresas estatales

En el plano económico, el izquierdista firmó un decreto que le permite a sus ministros tomar medidas para sacar a empresas estatales –como Petrobras, Correos o Empresa Brasil de Comunicación– del programa de privatización elaborado por la administración de Bolsonaro.

El gobierno del ultraderechista tenía entre sus directrices implementar un ambicioso plan de privatizaciones bajo las directrices del exministro de Economía Paulo Guedes, un ultraliberal defensor de la austeridad fiscal, que con el embate de la pandemia no pudo cumplir.

El patriarca de la izquierda también firmó un decreto que extiende por 60 días la exención de impuestos federales para los combustibles, con el objetivo de conseguir reducir el elevado coste, y otro que garantiza el pago de 600 reales (unos 116 dólares) de Bolsa Familia, un programa de ayuda a la población más vulnerable.

Asimismo, un decreto de Bolsonaro que incentivaba la creación de escuelas especiales para alumnos con discapacidad y clases separadas, sin convivencia con otros niños.

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Lula, de 77 años, asumió el domingo su tercer mandato, un hecho inédito en la historia reciente de Brasil. También se convirtió en el primer mandatario en recibir la banda presidencial de manos del pueblo después de que Bolsonaro decidiese viajar días antes a Estados Unidos. Aline Sousa, de 33 años y que trabaja recogiendo material reciclado, fue quien colocó al presidente la simbólica banda.

El izquierdista recoge un país muy diferente al que recibió en 2003, en su primera presidencia: debilitado económicamente por la inflación y la deuda, extremamente polarizado y con un Congreso derechizado, con mucha influencia del bolsonarismo.

«El gran edificio de derechos, soberanía y desarrollo que ha construido esta nación ha sido sistemáticamente demolido en los últimos años. Dirigiremos todos nuestros esfuerzos a reconstruir este edificio», aseguró el domingo en su discurso en el Congreso Nacional.