La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que contempla sanciones  de seis meses a dos años de prisión y multas de 25 a 50 salarios mínimos del sector público a toda persona que, de manera fraudulenta, altere el medidor o balanza utilizado para el expendio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en perjuicio de los consumidores.

La iniciativa  fue reintroducida al organismo legislativo por el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Hato Mayor, Cristóbal Castillo.

En uno de los considerando del proyecto, el legislador indica que  luego de una investigación hecha por  Proconsumidor  se estableció que decenas de empresas envasadoras de GLP estaban vendiendo este producto con los medidores alterados y, en la mayoría de los casos, sin la balanza.

“Pero según el organismo rector de la protección de los derechos del consumidor, carece de un brazo ejecutor que lo faculte a sancionar a los vendedores del GLP que se prestan a esta práctica”, precisó el parlamentario.

Sostuvo que es por ello que entiende que el proyecto debe ser apoyado de manera unánime por sus colegas, ya que una vez que sea convertido en ley, su aplicación y ejecución estará a cargo de Proconsumidor, el cual tendrá la obligación de vigilar y darle seguimiento a cada uno de los casos que someta a la justicia  por ante el tribunal competente hasta su culminación.

El proyecto señala que las empresas distribuidoras de GLP utilizarán en sus plantas de llenado la libra como unidad de medida para sus ventas y que para estos fines  instalarán balanzas, que tendrán incorporadas instrumentos de pesaje automático de tipo neumático o hidrostático que puedan ajustarse para que por sí solo indique la medición.