Las imágenes eran desgarradoras. Cual si del apocalipsis se tratara, todo fue fuego y destrucción. La vida, en cuestión de instantes, cambió para siempre para las cuarenta familias que residían cerca de Sol Gas, una envasadora instalada en el año 1993 con los permisos correspondientes.
La planta, según informó el alcalde Roberto Salcedo, se instaló en una zona desolada. Posteriormente, sin embargo, terminó quedando casi en medio del barrio. El área, como suele suceder, se volvió densa. A pesar de ello, las autoridades nunca se inmutaron al ver que el panorama cambió y que los moradores convergían con el peligro.

No sé si los cabildos supervisan las estaciones o si lo hace Industria y Comercio; si Medio Ambiente mira para allá o, en cualquier caso, si algún organismo o dirección tiene que ver con ello (en cuestión de burocracia y rigor todo es posible e imposible a la vez, así que la respuesta puede ser cualquiera) pero todo indicaría que una vez otorgados los permisos para instalar una estación a nadie se le ocurre darse una vuelta por el lugar.
Pero, ¿a quién le va a importar la suerte que corre la gente que vive en los alrededores de una estación? ¿Cuántas envasadoras han permitido que se construyan dentro de los barrios poblados? Las influencias y el dinero siempre han pesado más: ¡si es que hay tantas que son propiedad de políticos y militares!
Tal vez se requiere que haya víctimas mortales antes de que alguien se decida a ponerle coto a esta situación. Parece que es más fácil permitir que la gente arriesgue sus vidas antes que pagar el costo político de regular. ¡Ay, RD, caray!